Por: Marcio Enrique Sierra Mejía
En Honduras, el autoritarismo aumenta progresivamente al punto de convertirse en una tendencia que consiste en concentrar el poder y abusar de la autoridad por parte de líderes o grupos políticos que, cuando asumen el gobierno, dan rienda suelta al regímen autoritario. Esto ocurre con el régimen refundacional castromelista, al estar forzando un autoritarismo híbrido o democracia delegativa, en la que se utiliza a las instituciones democráticas en apariencia, para aplicar prácticas opresivas de poder y limitar las libertades políticas. Nos imponen una forma de gobierno hibrida (véase sobre este concepto análisis de Guillermo O’Donnell, 1994), que es opuesta a la democracia pluripartidista, dado que aceptan las elecciones libres y en cierto grado reconocen la libertad de prensa, pero en realidad, ejercen un exceso de autoridad que exige la sumisión plena de la ciudadanía a las decisiones del poder ejecutivo. Algo así demostraron en la reunión de la CELAC al imponer una decisión sin consenso pleno.
Bajo las actuales condiciones de gobernanza el castromelismo con el apoyo del Partido Libre, han exacerbado la coacción manifiesta con la venia de la presidente Xiomara Castro. Quien se muestra indiferente ante las normas del Estado de derecho que le permitieron llegar a gobernar mediante elecciones libres. Al día de hoy, la mayoría de ciudadanos sobreviven bajo un régimen gubernativo autoritario. En el que se violan sistemáticamente los principios de la rendición de cuentas horizontal y la competencia política efectiva. No les presta atención a las leyes o a los mecanismos deliberativos característicos de los regímenes democráticos y republicanos. Por el contrario, la población es atemoriza desde el poder ejecutivo, la burocracia y los órganos militares o policiales, utilizando recompensas a los sectores leales o la amenaza de la fuerza judicial sobre los opositores (persecución política). Al punto de adoptar la forma de dictadura o la de un gobierno aparentemente democrático, pero que limita al sistema político y las libertades políticas y a la sociedad civil que demanda el cumplimiento de las normas del Estado de derecho. La gobernanza refundacional castromelistas, ejerce un caudillismo autoritario en el que la presidente pone la cara, pero detrás de ella, quien decide es un caudillista que coordina al Partido Libre. Y ha logrado la lealtad de cierta cúpula militar y de determinados empresarios que pueden estar beneficiándose de las políticas económicas hasta ahora promovidas, que no favorecen a la mayoría de grupos sociales desfavorecidos por el régimen. Enfrentamos y resistimos un gobierno autoritario que niega constantemente la aplicación de los mecanismos represivos o bien los justifican con argumentos de que se combaten delitos, creados por ellos mismos, disque para proteger la soberanía nacional y defender el interés patrio ante las pretensiones de individuos con fines políticos torcidos. Tal como lo evidencia, la emisión de la normativa establecida por la Secretaria de Seguridad, que amenaza con fotografiar o grabar videos de los manifestantes y acusarlos penalmente ante la ley, solo por ejercer el derecho que tienen a la protesta. Igualmente, al debilitar el poder judicial, al quitarle la autonomía legislativa a los congresistas, al inducir el chantaje que aplican sobre los medios de comunicación y que limitan la liberad informativa, al aceptar la dependencia política que tienen de asesores cubanos y venezolanos, al aumentar la pobreza estructural y al facilitar el clientelismo y, sobremanera, convivir con la presencia del crimen organizado y la corrupción que está afectando la legitimidad y efectividad del Estado de derecho.
En conclusión, Honduras refleja un caso ejemplar de autoritarismo en un contexto democrático formal. El Estado está capturado por un partido político socialista que protege ciertos intereses privados, militares e internacionales, que impiden la consolidación de un sistema más democrático, en el que las instituciones, sean transformadas para asegurar unas relaciones entre poder político, económico y social, adecuadas para el bienestar de la ciudadanía en general y no solamente para una cúpula de políticos autoritarios, defensores de una ideología socialista tiránica que esconde actitudes políticas fascistas.