By Un juez natural dictó arresto domiciliario con vigilancia policial a la diputada Isis Carolina Cuéllar Erazo, señalada en el denominado caso Sedesol, una investigación por presuntos actos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a programas sociales.
La resolución judicial fue emitida este 5 de febrero, luego de que la congresista se presentara de manera voluntaria ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para enfrentar el requerimiento fiscal interpuesto por el Ministerio Público.
Cuéllar, actual diputada del Congreso Nacional por el partido Libertad y Refundación (Libre), es acusada por el delito de fraude, en el marco de una red de presuntas irregularidades cometidas durante la administración de recursos asignados a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
De acuerdo con la acusación fiscal, los fondos habrían sido utilizados de manera indebida, desviando dinero que tenía como objetivo beneficiar a sectores vulnerables del país. El monto bajo investigación supera los seis millones de lempiras, según fuentes del Ministerio Público.
Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó detención judicial y la suspensión del cargo como diputada, argumentando la gravedad de los hechos y el riesgo de obstaculización del proceso. No obstante, el juez determinó aplicar medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
Además del arresto domiciliario, la parlamentaria deberá cumplir otras medidas, entre ellas la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse cuando sea requerida por la autoridad judicial.
El caso Sedesol ha generado amplia atención pública debido a que involucra a funcionarios y exfuncionarios del actual período legislativo, lo que ha reavivado el debate sobre la impunidad y la corrupción en el manejo de fondos sociales.
A su llegada a la CSJ, Cuéllar aseguró a medios de comunicación que es inocente y que enfrentará el proceso “con la frente en alto”, negando haber sustraído recursos del Estado o haber actuado al margen de la ley.
Organizaciones de sociedad civil han exigido que el proceso se lleve a cabo con transparencia y sin privilegios, recordando que los fondos investigados estaban destinados a atender necesidades básicas de la población más pobre.
El Ministerio Público informó que las investigaciones continúan y que no se descartan nuevos requerimientos fiscales contra otros implicados en el caso, conforme avancen las diligencias.
El caso Sedesol se suma a otros expedientes de alto perfil que actualmente se ventilan en los tribunales, en medio de crecientes cuestionamientos ciudadanos sobre la lucha contra la corrupción en Honduras.
