By Por: Sandra Ponce
La sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA convocada para examinar la situación política y electoral de Honduras ha reabierto un debate que atraviesa a toda la región: ¿cuál es el límite entre el principio de soberanía y la responsabilidad internacional de proteger la democracia y los derechos humanos? El detonante inmediato fue el comunicado de la Misión de Observación Electoral de la OEA del 4 de noviembre, que expresó preocupación por la presión penal, la inseguridad y la intimidación contra autoridades electorales.
Pero hay un contexto más amplio que refuerza la necesidad de escrutinio internacional: el cierre fáctico del Congreso Nacional, la pretensión de sustituirlo mediante el funcionamiento abiertamente ilegal de una Comisión Permanente, y las señales de desmantelamiento del orden constitucional que, aunque no fueron mencionadas formalmente por los solicitantes de la sesión extraordinaria ni por la MOE, sí fueron destacadas públicamente por Christopher Landau, Subsecretario de Estado de los Estados Unidos, quien advirtió sobre el riesgo institucional que supone marginar al Poder Legislativo en plena coyuntura electoral.
A ello se suman las advertencias de tres relatores del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la Federación Iberoamericana de Ombudsperson y varios Estados en el marco del 4º Examen Periódico Universal, que han señalado una fragilidad institucional creciente.
Un momento institucional al borde de lo inédito
El cierre del Congreso Nacional —bajo la decisión unilateral de su Presidente— no es un hecho menor ni una controversia interna más. Interrumpe un contrapeso esencial en una democracia y vulnera directamente el artículo 193 de la Constitución, que prohíbe impedir o disolver al Legislativo. La sustitución ilegal por una Comisión Permanente, cuya función constitucional solo existe durante recesos válidamente decretados y nunca en sesiones ordinarias prorrogadas, constituye una alteración anómala del orden institucional.
La operación de esta Comisión fuera de los límites constitucionales desmantela la arquitectura democrática, porque concentra funciones indelegables del Congreso en un órgano sin legitimidad de origen y sin respaldo jurídico. Este escenario, sumado al estado de excepción prolongado, debilita el control legislativo previsto en el artículo 187 constitucional y agrava la inseguridad jurídica.
Un hemisferio que observa señales ya conocidas
Aunque ni la MOE ni los Estados solicitantes de la sesión extraordinaria lo dijeron explícitamente, el trasfondo político es evidente: la interrupción del funcionamiento del Congreso fortalece las presunciones de alteración del orden constitucional, uno de los supuestos contemplados en los artículos 17, 19 y 20 de la Carta Democrática Interamericana, incluso cuando nadie los mencione por nombre.
El comunicado de la OEA, además, llamó la atención sobre el rol de las Fuerzas Armadas, instando explícitamente a que todas las autoridades actúen dentro del marco de sus atribuciones constitucionales. En un país cuya historia ha sufrido los costos de un militarismo expansivo, esa frase es más que un recordatorio: es una advertencia internacional.
La mirada internacional: soberanía responsable, no soberanía impune
La vieja idea de la soberanía como un muro que blinda al Estado frente a cualquier escrutinio quedó superada hace décadas. Hoy, la soberanía implica responsabilidad interna e internacional. La Corte Internacional de Justicia lo ha dicho reiteradamente: los derechos humanos y las condiciones democráticas mínimas no son “asuntos internos”.
La comunidad internacional puede —y debe— actuar cuando se debilitan instituciones, se restringen derechos, se presiona a autoridades electorales o se cierran poderes del Estado. No es injerencia: es cumplimiento de compromisos asumidos por los propios Estados al ratificar tratados y al aprobar la Carta Democrática Interamericana.
El espejo de 2009 y el caso reciente de Guatemala
La historia hondureña muestra que, ante rupturas institucionales, el acompañamiento internacional no solo es legítimo, sino necesario. En 2009 fueron la ONU y la OEA quienes lideraron la exigencia de retorno al orden constitucional. Más recientemente, en Guatemala, el acoso penal contra autoridades electorales llevó a la comunidad internacional a actuar como freno democrático.
Conclusión: lo que está en juego
Honduras enfrenta hoy su examen internacional más serio desde 2009. El debate no es entre soberanía e injerencia, sino entre institucionalidad o regresión.
La OEA ha insistido en que todas las autoridades —incluidas las Fuerzas Armadas— deben mantenerse estrictamente dentro del marco constitucional. Y la comunidad internacional observa lo que ocurre con el Congreso, las autoridades electorales y el equilibrio democrático.
El escrutinio internacional no es una amenaza: es un recordatorio de que la democracia hondureña no debe ser rehén de decisiones unilaterales ni de presiones indebidas. Es, también, una oportunidad para corregir el rumbo y garantizar que el proceso electoral transcurra bajo reglas claras, instituciones funcionando y derechos plenamente protegidos.
