Estado de Excepción, Independencia Electoral y Protección de Defensores:
los tres temas que marcaron el Examen Periódico Universal de Honduras

Más de 90 Estados intervinieron en Ginebra; la mayoría expresó preocupación por la prolongación del régimen de excepción, la presión sobre las autoridades electorales y la seguridad de periodistas y defensores. Está por verse qué recomendaciones asumirá el Gobierno de Honduras.

El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que evalúa, cada cuatro años y medio, el cumplimiento de los compromisos internacionales de los Estados en materia de derechos humanos. Honduras fue examinada por primera vez en 2010, en el contexto posterior al golpe de Estado de 2009, y ha comparecido en tres ocasiones previas: 2010, 2015 y 2020, acumulando 470 recomendaciones de la comunidad internacional.

Tras el tercer ciclo, la entonces Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dirigió una carta al Gobierno de Honduras subrayando temas que requerían especial seguimiento: la ratificación de tratados pendientes (CEDAW, Protocolo de la Niñez, Convenio 189 de la OIT y Acuerdo de Escazú), el fortalecimiento del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, la independencia judicial, la protección de defensores y periodistas, y la no aprobación de leyes que socaven la separación de poderes.

En esta cuarta comparecencia, celebrada el 7 de noviembre de 2025 en Ginebra, el jefe de la delegación hondureña, Longino Becerra, afirmó que este sería el “primer examen bajo un gobierno legítimo”, dejando entrever que los tres procesos previos no lo fueron, en alusión al discurso oficial de la “narcodictadura” que ha marcado el relato político del actual gobierno.

1. Estado de Excepción y libertades públicas

El tema más reiterado en las intervenciones fue el estado de excepción que rige desde diciembre de 2022. Países como Francia, Alemania, Bélgica, Noruega, Suiza, Corea del Sur, Reino Unido y Austria solicitaron su levantamiento, recordando que las medidas excepcionales deben ser temporales, proporcionales y sujetas a control judicial y parlamentario, conforme al artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Advirtieron que su prolongación sin controles vulnera derechos fundamentales y afecta la igualdad en el proceso electoral.

2. Independencia electoral y judicial

España, Francia, Canadá, Austria, Reino Unido, Brasil y Australia coincidieron en que la independencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) es indispensable para la credibilidad del proceso del 30 de noviembre de 2025. Subrayaron la necesidad de proteger a las autoridades electorales frente a presiones políticas y garantizar la transparencia del escrutinio. Alemania y Austria recordaron que la Constitución hondureña (artículos 205 y 272) exige control civil efectivo y límites claros al rol de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral.

3. Protección de defensores de derechos humanos y periodistas

Noruega, Suiza, Países Bajos, Canadá, Francia y Bélgica instaron al Estado a fortalecer el Mecanismo Nacional de Protección de Defensores, Periodistas y Operadores de Justicia, dotándolo de autonomía y presupuesto suficiente. Lituania y las Islas Marshall expresaron preocupación por la seguridad de periodistas; Reino Unido, Australia y Eslovenia llamaron a prevenir la criminalización de voces críticas y garantizar investigaciones imparciales frente a amenazas o ataques.

4. Otros temas recurrentes

Varios países recomendaron la ratificación de instrumentos internacionales pendientes, como la CEDAW y su Protocolo Facultativo, el Protocolo de Comunicaciones de la Convención de los Derechos del Niño y el Convenio 189 de la OIT. Chile, Costa Rica y Brasil alentaron la adhesión al Acuerdo de Escazú y la adopción de políticas climáticas con enfoque de derechos humanos. México, Uruguay e Islandia insistieron en avanzar hacia la despenalización del aborto y garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva.

Conclusión

El cuarto Examen Periódico Universal de Honduras reflejó un diálogo constructivo pero exigente. La comunidad internacional reconoció los avances sociales, pero expresó preocupación por el deterioro del Estado de Derecho, la prolongación del estado de excepción y las tensiones sobre la independencia de los órganos electorales y judiciales. Varios Estados coincidieron en subrayar la urgencia de fortalecer las instituciones democráticas, garantizar la rendición de cuentas y asegurar que el proceso electoral de 2025 se desarrolle bajo condiciones plenas de libertad, transparencia e igualdad. Está por verse qué recomendaciones serán aceptadas formalmente por el Gobierno de Honduras y cómo responderá el Estado a las observaciones del Consejo en la siguiente fase del EPU.