By El equipo legal del expresidente Juan Orlando Hernández ha iniciado nuevas gestiones jurídicas orientadas a modificar su situación legal en Honduras, en particular la orden de captura vigente en su contra. De acuerdo con fuentes del ámbito judicial, los abogados del exmandatario exploran mecanismos legales que les permitan abrir una vía de negociación con las autoridades hondureñas sobre su eventual comparecencia ante la justicia.
Las acciones de la defensa apuntan a que Hernández pueda enfrentar los procesos pendientes bajo condiciones distintas a la prisión preventiva, alegando garantías al debido proceso tras haber sido condenado en Estados Unidos. Este movimiento marca un giro en la estrategia legal del exgobernante, que hasta ahora se había concentrado exclusivamente en su situación fuera del país.
Paralelamente, se percibe un reacomodo dentro del círculo político y administrativo que rodeó al exmandatario durante su gestión. Exfuncionarios vinculados a la pasada administración nacionalista, algunos de los cuales permanecían fuera del país o alejados del debate público, han comenzado a mostrar señales de retorno, ante lo que consideran un nuevo contexto político y judicial en Honduras.
En el entorno familiar de Hernández persiste un discurso de confianza y expectativa. Sus allegados mantienen la narrativa de inocencia y sostienen que el expresidente deberá enfrentar los señalamientos en su país. Este mensaje ha sido acompañado por una consigna que vuelve a circular entre sus seguidores y simpatizantes, reforzando la idea de un eventual regreso del exmandatario a territorio hondureño.
El movimiento legal en torno a Hernández ha reavivado el debate nacional sobre la rendición de cuentas, la justicia transnacional y el tratamiento de figuras de alto perfil político. Mientras un sector de la población exige que el exmandatario responda plenamente ante los tribunales, otro mantiene la esperanza de que pueda revertir su situación judicial.
Las decisiones que adopten las autoridades hondureñas frente a estas gestiones legales podrían sentar un precedente clave sobre la coordinación judicial internacional y el manejo de casos de alto impacto político en el país. Por ahora, el proceso avanza entre solicitudes, interpretaciones legales y una expectativa que mantiene al país atento al siguiente movimiento en el tablero judicial.
