By La Corte Suprema de Justicia (CSJ), por medio de la Sala de lo Penal, ordenó repetir el juicio por la muerte de la joven estudiante de enfermería Keyla Martínez, fallecida mientras se encontraba bajo custodia policial en una celda de la posta de La Esperanza, Intibucá, el 7 de febrero de 2021.
La decisión fue adoptada por unanimidad de los magistrados, luego de analizar los recursos de casación interpuestos por el Ministerio Público y el acusador privado, quienes señalaron graves inconsistencias entre la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque y las pruebas evacuadas durante el proceso judicial.
Cuestionamientos a la sentencia original
En el fallo inicial, el tribunal condenó al agente policial Jarol Rolando Perdomo Sarmiento a cinco años de prisión por el delito de homicidio imprudente en su grado de comisión por omisión, descartando la acusación de femicidio agravado. La resolución fue duramente criticada por la familia de la víctima y por organizaciones de derechos humanos, que denunciaron que la condena minimizó la gravedad del crimen, ocurrido bajo responsabilidad directa del Estado.
Nuevo juicio con tribunal distinto
El magistrado Walter Miranda Sabio, integrante de la Sala de lo Penal, confirmó en entrevista radial que el caso deberá ser conocido por un nuevo Tribunal de Sentencia, distinto al que dictó la resolución anulada. Explicó que se identificaron infracciones de ley, quebrantamiento de forma y posibles violaciones a normas constitucionales, razones que motivaron la repetición del juicio.
“Se trata de un caso que conmocionó a la sociedad hondureña. Lo que se busca es claridad en los hechos y determinar con certeza quién o quiénes son responsables de la comisión del delito”, afirmó el magistrado.
Aunque aún no se ha fijado fecha para el nuevo juicio, se detalló que primero deberá completarse el trámite administrativo para que el expediente sea remitido al tribunal correspondiente, el cual establecerá el nuevo calendario procesal.
Una madre que no renuncia a la justicia
Tras conocerse la resolución, Norma Rodríguez, madre de Keyla Martínez, reiteró que la lucha por justicia continúa, al considerar que el crimen permanece en la impunidad. Sostuvo que no solo Perdomo debe responder, sino también otros miembros de la Policía Nacional que, según la familia, estuvieron involucrados en los hechos.
Entre los señalados figuran el subcomisionado Melvin Alvarenga y el agente Edgar Velásquez, a quien la familia identifica como uno de los presuntos cómplices.
“Estas personas siguen ocupando cargos públicos. Nosotros no vamos a detenernos hasta que se haga justicia verdadera y se investigue toda la cadena de mando”, expresó.
Un caso que marcó al país
Keyla Martínez fue detenida por una supuesta violación al toque de queda impuesto durante la pandemia. Horas después, fue hallada muerta dentro de una celda policial. La versión oficial inicial apuntó a un suicidio, pero la presión nacional e internacional llevó a una investigación más profunda que reveló indicios de homicidio.
El caso generó protestas a nivel nacional y una fuerte condena de organismos internacionales de derechos humanos, al tratarse de una muerte ocurrida bajo custodia estatal, convirtiéndose en uno de los episodios más emblemáticos de exigencia de justicia en Honduras.
