By Karen Patricia Rodríguez Álvarez, consejera suplente del Consejo Nacional Electoral (CNE), se encuentra en el centro de un nuevo episodio de tensión política que podría derivar en un juicio político en su contra.
Rodríguez, arquitecta de profesión y quien se describe como interiorista y empresaria, llegó al CNE respaldada inicialmente por el Partido Salvador de Honduras (PSH). Sin embargo, con el tiempo ha sido señalada por sectores políticos por una supuesta cercanía con el partido Libertad y Refundación (Libre), en medio de un contexto de alta polarización.
Su rol tomó mayor relevancia durante la crisis interna del CNE previa a las elecciones generales de noviembre de 2025, cuando el pleno del organismo enfrentó divisiones en torno a decisiones clave del proceso electoral.
En ese período, Rodríguez decidió no asistir a algunas sesiones determinantes del pleno, lo que generó acusaciones de bloqueo institucional. La funcionaria defendió su postura argumentando que no se respetó el mecanismo de alternancia entre consejeros suplentes.
“Lo que competía en este momento era que la convocatoria fuera dirigida a mí”, expresó, señalando además que su eventual participación no tendría impacto real en las decisiones del órgano. “Iríamos a llenar una silla… nuestra voz y nuestro voto no tendrían ningún efecto”, sostuvo.
La situación se dio en paralelo a la ausencia del consejero propietario Marlon Ochoa en sesiones clave, lo que derivó en la convocatoria de Rodríguez como suplente.
Mientras la consejera ha insistido en que su actuación responde a criterios legales y de independencia institucional —afirmando que “la democracia se construye con diálogo y ley, nunca con intimidación”—, sus críticos consideran que su ausencia contribuyó a debilitar el funcionamiento del CNE en un momento crítico.
Las tensiones se centraron especialmente en torno al sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), considerado fundamental para la confianza en el proceso electoral.
En este contexto, desde el Congreso Nacional se ha planteado la posibilidad de iniciar un juicio político en su contra, señalando su inasistencia a sesiones clave como fundamento principal.
Antes de su llegada al CNE, Rodríguez se desempeñó como directora del despacho del designado presidencial Salvador Nasralla, figura vinculada al PSH. En 2022, también presentó una denuncia por acoso laboral y sexual, lo que la colocó en la agenda pública nacional.
Actualmente, su figura refleja las divisiones políticas en torno al sistema electoral hondureño. Mientras algunos la ven como una funcionaria que actuó en apego a la legalidad, otros la consideran parte de un conflicto que afectó el desarrollo institucional del CNE.
