By La falta de placas vehiculares en el país ha sido calificada como una emergencia nacional, debido al impacto directo que tiene en la seguridad ciudadana y en la capacidad de las autoridades para identificar a quienes cometen delitos utilizando vehículos sin registro.
Según lo expuesto por autoridades y diputados, la ausencia de placas facilita que delincuentes operen con total impunidad, ya que al no existir un número de identificación visible, resulta casi imposible rastrear motocicletas o automóviles involucrados en hechos criminales.
Se advirtió que esta situación representa un riesgo real para la población, ya que delitos como sicariato, extorsión, robos y atropellos quedan sin esclarecer. “Sin una placa en una moto de un gatillero o en un vehículo involucrado en un accidente, ese delito prácticamente queda impune”, señalaron.
Asimismo, se destacó que la problemática incrementa la inseguridad, al impedir que las autoridades puedan dar seguimiento a vehículos utilizados para actividades ilícitas. En muchos casos, los responsables logran huir sin dejar rastro, afectando directamente a las víctimas.
Otro de los puntos señalados es la limitación en el uso de tecnología de vigilancia. Aunque existen cámaras de seguridad, estas pierden efectividad si no se cuenta con placas para identificar plenamente los vehículos, quedando reducidas únicamente a características como color o modelo.
Se enfatizó que en ningún país con sistemas de control avanzados se permite la circulación de vehículos sin placas, ya que esto fomenta el desorden y facilita la comisión de delitos. Por ello, se insiste en que resolver esta problemática es clave para mejorar la seguridad en Honduras.
También se cuestionó a quienes minimizan la situación, señalando que considerar este tema como no prioritario responde a intereses políticos o a la conveniencia de mantener el desorden actual.
En ese contexto, se atribuyó la crisis a la falta de solución durante la administración anterior, indicando que en varios años no se logró resolver el problema, lo que derivó en un aumento significativo de vehículos circulando sin identificación.
Autoridades sostienen que es responsabilidad del Estado corregir esta situación, y que el actual Congreso Nacional trabaja en medidas para regularizar el sistema con el respaldo de distintas bancadas.
Se estima que más de 800 mil unidades circulan sin placas, lo que evidencia la magnitud del problema y la urgencia de implementar soluciones inmediatas.
En respuesta, se aprobó un decreto que permitirá la compra directa de placas vehiculares, incluyendo mecanismos de control para garantizar la transparencia y evitar actos de corrupción durante el proceso.
Las autoridades indicaron que la contratación se realizará a través del portal de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), con el objetivo de que la ciudadanía pueda supervisar cada etapa del proceso.
Además, se autorizó al Instituto de la Propiedad (IP) la adquisición de placas no solo para cubrir la demanda de 2026, sino también para garantizar el abastecimiento en los años 2027 y 2028.
En total, se prevé la compra de alrededor de dos millones de placas, considerando tanto motocicletas como vehículos, tomando en cuenta que actualmente más de un millón de unidades circulan sin identificación en el país.
Finalmente, las autoridades reiteraron que esta medida busca no solo ordenar el sistema vehicular, sino también reducir la impunidad y fortalecer la seguridad ciudadana, devolviendo a la población la confianza en los mecanismos de control del Estado.
