By El asesinato del abogado penalista René Altamirano, ocurrido la tarde de este viernes en San Pedro Sula, estaría vinculado a un conflicto de tierras en el norte de Honduras, según las primeras hipótesis planteadas por el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh).
Altamirano fue atacado a balazos por dos individuos que se desplazaban en una motocicleta, en el barrio Medina de la capital industrial del país, a pocos metros de su oficina legal. De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Nacional, los atacantes se dieron a la fuga tras perpetrar el crimen.
El presidente del Codeh, Hugo Maldonado, señaló que el homicidio podría estar relacionado con el acompañamiento legal que Altamirano brindaba a cooperativas campesinas en la zona de los bajos de La Lima, Cortés, una región históricamente marcada por disputas agrarias.
“Presumiblemente ya sabemos de dónde viene este crimen”, expresó Maldonado, quien además solicitó medidas de protección para los familiares del profesional del derecho, ante posibles riesgos derivados del caso.
René Altamirano fue una figura conocida en el ámbito jurídico y político del país. Se desempeñó como regidor de la Corporación Municipal de San Pedro Sula y fue candidato a diputado en las elecciones generales de 2013 por el partido Libertad y Refundación (Libre).
En el ejercicio profesional, Altamirano fungió como apoderado legal en casos de alto perfil, entre ellos el del exalcalde sampedrano Rodolfo Padilla Sunseri, así como procesos judiciales relacionados con Plutarco Ruiz, José Ramón Bertetty y José Miguel Handal.
El abogado también asumió inicialmente la defensa de Plutarco Ruiz, condenado por el asesinato de María José Alvarado, Miss Honduras Mundo 2014, y su hermana Sofía Trinidad, aunque posteriormente se retiró del caso. Asimismo, representó al exgerente financiero del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), José Ramón Bertetty, condenado por el millonario desfalco a esa institución.
Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el crimen, mientras organizaciones de derechos humanos insisten en la necesidad de proteger a defensores legales y sociales que trabajan en contextos de alta conflictividad en el país.
