By La designada presidencial María Antonieta Mejía presentó nuevas acusaciones sobre presuntas irregularidades atribuidas a la administración anterior, que incluyen incrementos salariales a alrededor de 5 mil docentes bajo la figura de “asistencias técnicas”, contrataciones de profesionales cubanos y anomalías detectadas en varias dependencias estatales, entre ellas Casa Presidencial.
– Cinco mil docentes pasaron de jornada normal a «asistencias técnicas», de ganar 34 mil a 75 mil lempiras, reconfirmó.
La funcionaria, integrante del gobierno encabezado por Nasry Asfura, manifestó que durante el proceso de transición se habrían identificado decisiones administrativas tomadas en la recta final del mandato anterior, señalando que muchas carecerían de documentación de respaldo.
En declaraciones al periodista Nery Arteaga, Mejía afirmó que se detectaron contrataciones y reconocimientos laborales ejecutados de manera acelerada, lo que —según indicó— comprometería la sostenibilidad financiera del Estado.
Respecto al área educativa, explicó que miles de docentes habrían sido trasladados de jornadas regulares a la modalidad de “asistencias técnicas”, ampliando su carga horaria y duplicando prácticamente sus ingresos mensuales.
También mencionó que entre los beneficiados figurarían el diputado Edgardo Casaña y el exministro Daniel Sponda, señalando que se revisa si los procedimientos cumplieron con los requisitos legales establecidos.
Edgardo Casaña y Daniel Sponda, ambos se beneficiaron con asistencias técnicas.
Mejía reconoció que la figura de asistencia técnica está contemplada en el presupuesto de Educación, pero sostuvo que su aplicación debe seguir procesos específicos y concursos formales, los cuales —según dijo— no se habrían realizado adecuadamente.
Sobre estos casos, indicó que el equipo jurídico de la Secretaría de Educación analiza posibles irregularidades administrativas que podrían derivar en nulidades, dependiendo de los hallazgos finales.
Añadió que será la nueva titular de Educación quien presentará un informe detallado sobre el estado en que fue recibida la institución, incluyendo el número y condiciones contractuales de docentes extranjeros.
En relación con el sector salud, aseguró que existen convenios con médicos cubanos cuyos términos están siendo evaluados, particularmente en lo referente a costos y mecanismos de pago.
Según detalló, se identificaron pagos mensuales que rondaban los seis millones de lempiras destinados a 59 profesionales, recursos canalizados a través de institutos de previsión.
La vicepresidenta María Antonieta Mejía.
¿Y el MP?
Consultada sobre posibles acciones legales, Mejía expresó su expectativa de que el Ministerio Público actúe de oficio ante las denuncias, aunque manifestó dudas sobre la voluntad institucional para hacerlo.
Indicó que, tras un mes de gestión, el actual gobierno ha priorizado la revisión del gasto público y la reducción de estructuras administrativas consideradas ineficientes.
Asimismo, cuestionó que en áreas como salud no se habrían dejado procesos de compra debidamente documentados para medicamentos e insumos esenciales.
La funcionaria afirmó que en varias dependencias se detectó ausencia de archivos físicos y digitales que respalden compromisos financieros, lo que —según explicó— obliga a solicitar nuevamente documentación a proveedores antes de efectuar pagos.
También mencionó que en Casa Presidencial se encontraron oficinas sin mobiliario ni equipo básico, lo que calificó como una situación irregular.
Un salón de belleza bien equipado tenía la presidenta Xiomara Castro en Casa de Gobierno, según María Antonieta Mejía.
Hasta salón de belleza
Mejía afirmó que, en contraste con otras áreas vacías, en la residencia oficial se halló un espacio acondicionado como salón de belleza, atribuido a la exmandataria, aunque no precisó detalles adicionales.
Reiteró que la falta de documentación ha generado retrasos en desembolsos pendientes, incluidos pagos a proveedores y compromisos financieros previamente adquiridos.
Sostuvo que todas las decisiones administrativas adoptadas por el nuevo gobierno se ejecutarán conforme a la ley, asegurando respeto a los derechos laborales.
El crimen organizado se infiltró en el 911, de acuerdo a lo denunciado por la designada Mejía.
Un 911 infiltrado por el crimen
En cuanto al Sistema Nacional de Emergencias 911, Mejía anunció una reestructuración integral al considerar que la institución habría sido vulnerada por estructuras del crimen organizado.
Explicó que se revisan contratos y decisiones relacionadas con la cancelación de proveedores anteriores y la instalación de nuevo equipo tecnológico.
Indicó que el personal fue sometido a evaluaciones individuales para determinar su idoneidad en los cargos.
Reconoció que las comisiones interventoras representan un costo significativo, pero justificó su implementación como mecanismo temporal para recuperar la institucionalidad.
Añadió que dichas intervenciones tendrán plazos definidos y metas específicas orientadas a resultados concretos.
Finalmente, señaló que las medidas adoptadas buscan fortalecer la transparencia y eficiencia del aparato estatal, en medio de un contexto que calificó como complejo tras el proceso de transición gubernamental.
