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La Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), es una organización profesional conformada por jueces, juezas y magistrados(as) comprometidos(as) con la defensa de la independencia judicial, la lucha contra la impunidad, contra la corrupción y por el fortalecimiento del Estado de Derecho. Desarrollando sus actividades junto a la sociedad civil y las asociaciones judiciales nacionales y de la región centroamericana, comprometidas con la democratización de la justicia.
Nuestras actuaciones se remontan a la defensa de la democracia a lo largo de más de diecinueve (19) años. Durante el rompimiento del orden constitucional de junio del 2009 nos opusimos al golpe de Estado y realizamos distintas actuaciones a favor del restablecimiento del Estado de Derecho, de igual forma, lo hicimos durante la crisis política del fraude electoral del año 2017. Ambos eventos dejaron como resultado decenas de víctimas que defendieron valerosamente la democracia en nuestro país.
Esos antecedentes nos llevan a realizar algunas consideraciones sobre diversas circunstancias que, desde la perspectiva de un observador objetivo, nos permiten estimar que nuevamente en el marco de la coyuntura electoral que habrá de finalizar el próximo 30 de noviembre, pudiéramos enfrentar acontecimientos que pongan en riesgo nuestra institucionalidad y causar retrocesos en el fortalecimiento del Estado de Derecho.
Nos preocupa sobremanera que de distintas vocerías se pretenda deslegitimar el proceso electoral, anticipando de manera poco responsable la ilegitimidad del mismo, de igual forma, que se realicen de manera reiterada señalamientos desproporcionados a la institucionalidad, a la vez que, se cuestionan los esfuerzos o actuaciones de los órganos del sistema de justicia en esta coyuntura política electoral.
Observamos una tendencia desde organizaciones situadas en el arco de la disputa electoral, actuaciones encaminadas a desmeritar las ejecutorias gubernamentales, sin conceder ningún reconocimiento a los logros en diferentes áreas como salud, educación, infraestructura, energía y otros; hacer de la crítica un parangón implacable no conduce a la concordia política que reclama la ciudadanía ni puede ser el recurso por excelencia para las campañas político electorales.
En el proceso electoral, tal y como está previsto en el marco constitucional y normativo, si se actúa conforme a sus disposiciones tiene las salvaguardas para culminar exitosamente. La conformación de los órganos electorales: Consejo Nacional Electoral y Tribunal de Justicia Electoral (CNE-TJE) y los órganos coadyuvantes están en la capacidad de celebrar un escrutinio que haga prevalecer la voluntad soberana de la ciudadanía. Por ello, es imperioso que las distintas fuerzas políticas se abstengan de cualquier actuación que antes, durante o después de culminadas las elecciones malogren el resultado expresado en las urnas.
La crítica infundada a la imparcialidad o independencia de los órganos del sistema sin asidero jurídico y sin hechos verdaderamente relevantes, únicamente aportan deslegitimación a las actuaciones de la justicia. Negar objetividad a las actuaciones del Ministerio Público por no ser acordes a los intereses de determinados sectores políticos, es pretender la inacción de la persecución del delito. En todo caso, esas acciones penales que se impulsan desde el órgano requirente son objeto de prueba, que deben debatirse en el marco del proceso penal y, no puede estimarse como verdad, el debate que surge desde los medios de comunicación.
En consecuencia, resulta de primordial importancia que los sectores políticos, analistas y vocerías que se sitúan en la sociedad civil, muestren objetividad, moderación y proyecten coherencia en el respeto a las instituciones, la crítica por derribo y obstinada en desmeritar cualquier actuación que afecte determinados intereses políticos, no hace más que reflejar el interés por solventar acciones de persecución penal, que actualmente impulsa el Ministerio Público, en el espacio mediático, oponiendo el mismo al desenlace jurisdiccional.
No está demás recordar, que la crítica a las actuaciones y resoluciones judiciales es parte de una sociedad democrática. No obstante, la libertad de expresión y opinión tiene sus límites de conformidad al ordenamiento jurídico. Una crítica empecinada con señalamientos poco objetivos, socava aspectos fundamentales como la imparcialidad e independencia de un órgano jurisdiccional. Los ataques a la Corte Suprema de Justicia no hacen más que reflejar la opinión de fuerzas políticas que ven sus particulares intereses en primer plano; tal proceder, es claro que persigue la deslegitimación a una función que resulta crucial en el Estado de Derecho. En este plano, no sobra decir que el interés político partidario de unos pocos no puede estar por encima del interés de todos ni puede justificar destruir las instituciones del sistema de justicia.
Por ello, resulta exigible que los representantes políticos-partidarios y otros actores políticos se expresen con moderación y respeto a las instituciones electorales y del sistema de justicia. La prudencia debería sustituir a los ataques desmedidos y descalificadores; no puede la crítica obstinada, sustituir la acción político electoral. Las elecciones, en todo caso deben disputarse en toda su extensión en las urnas con el apoyo de la ciudadanía.
Es importante destacar respecto a lo expresado en los párrafos anteriores, que la democracia y el Estado de Derecho se afirma sobre sus instituciones, por ello, la negación exacerbada de las actuaciones de los distintos poderes del estado y los órganos del sistema de justicia, son a todas luces, esfuerzos que persiguen erosionar la confianza de la ciudadanía en sus autoridades. Siendo reprochable que esas iniciativas – de las fuerzas políticas de oposición y personeros de sociedad civil – estén encaminadas a estrechar contactos y espacios de discusión en el Congreso y el Senado de los Estados Unidos de Norteamérica, para que intervengan o modelen nuestro proceso democrático. Estas injerencias, de producirse, son inaceptables y constituyen un golpe bajo a nuestra soberanía y al orden constitucional.
Finalizamos, expresando que la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) de Honduras, reafirma una vez más su compromiso por la independencia Judicial y el Estado de Derecho. Reconociendo que en estos momentos de coyuntura electoral y de nubarrones de crisis política, es imprescindible salvaguardar la justicia y alejarla de cualquier sospecha de parcialidad o manipulación, la ciudadanía exige un Ministerio Público fuerte y responsable en el ejercicio de la acción penal y un poder judicial consecuente con su independencia. Llamamos a todas las fuerzas políticas a respetar las reglas del juego democrático y a disputar la contienda electoral en el espacio institucional, sin perturbaciones o injerencias externas que pongan en entredicho el imperio de la ley.
Tegucigalpa, 17 de noviembre del 2025
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
ASOCIACIÓN DE JUECES POR LA DEMOCRACIA
