By La Asociación de Fiscales de Honduras expresó su inquietud ante la situación económica que enfrenta el Ministerio Público de Honduras, denunciando atrasos en el pago de salarios y limitaciones presupuestarias que, aseguran, afectan el funcionamiento de la institución.
El representante del gremio, Randy Estrada, indicó que miles de empleados a nivel nacional aún no han recibido el sueldo correspondiente al mes de febrero, lo que ha generado incertidumbre y malestar entre el personal. Según detalló, la mora supera los siete días y todavía no se concreta la transferencia de fondos por parte de la Secretaría de Finanzas.
El abogado señaló que la falta de pago no solo perjudica a los trabajadores, sino que también repercute en sus familias y en la dinámica económica del país. Pese a ello, aseguró que fiscales y demás colaboradores continúan cumpliendo con sus responsabilidades en tribunales, operativos y atención de denuncias ciudadanas.
Además de la problemática salarial, el gremio manifestó preocupación por la indefinición del presupuesto correspondiente al año 2026. Entre las peticiones planteadas figura la incorporación de al menos un centenar de nuevos fiscales para reducir la mora procesal y mejorar la capacidad de respuesta institucional.
Estrada también subrayó la importancia de reforzar dependencias estratégicas como la Dirección de Medicina Forense, la Agencia Técnica de Investigación Criminal y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, áreas fundamentales para sustentar la investigación científica y el combate al crimen organizado.
De acuerdo con el representante, los incrementos presupuestarios de los últimos años han sido insuficientes, ya que apenas compensan el impacto de la inflación y no permiten ampliar la cobertura ni modernizar la institución.
Finalmente, la Asociación de Fiscales instó a las autoridades a garantizar una asignación de recursos acorde a las necesidades del ente acusador del Estado, advirtiendo que sin un financiamiento adecuado se pone en riesgo la efectividad de la persecución penal y el acceso a la justicia en Honduras.
