By La presidenta de la República, Xiomara Castro, convocará en las próximas horas al Consejo de Ministros para instruir al jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAAHN), Héctor Valerio Ardón, que entregue el material electoral al fiscal general, Johel Zelaya, con base en una orden que emitirá el Ministerio Público (MP) para el secuestro de urnas y actas.
Fuentes de alto nivel del Gobierno señalaron que si el jefe militar se negara a acatar la orden, sería inmediatamente destituido, lo que podría derivar en una grave crisis institucional, evocando la situación del año 2009 cuando el entonces general Romeo Vásquez fue removido por no obedecer instrucciones consideradas ilegales.
Según las mismas fuentes, la intención de Castro y del expresidente Manuel Zelaya sería generar un escenario de conflicto que provoque la rebelión de un sector disidente de las FFAA contra el Poder Ejecutivo, configurando lo que se percibe como un intento de golpe de Estado y la repetición de los hechos ocurridos hace 17 años.
El plan, según los informantes, incluiría la manipulación del material electoral para avanzar en decretos y resoluciones que buscarían alterar los resultados oficiales, poniendo en riesgo la alternancia y la institucionalidad democrática del país.
Especialistas en temas constitucionales y seguridad alertan que estas acciones podrían desencadenar una confrontación abierta entre el Ejecutivo y los mandos militares, con consecuencias impredecibles para la gobernabilidad, la estabilidad social y la credibilidad de las instituciones.
Organizaciones nacionales e internacionales han sido advertidas sobre la situación y se les solicita estar atentas a los acontecimientos, que podrían tener repercusiones directas sobre el respeto a la Constitución y al orden democrático.
Analistas subrayan que la entrega del material electoral al MP, fuera de los protocolos legales establecidos, sería una violación directa a la competencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), únicos órganos constitucionalmente facultados para garantizar la transparencia en el proceso electoral.
El país observa con preocupación, mientras la comunidad internacional, incluyendo organismos observadores y misiones diplomáticas, monitorea de cerca los posibles movimientos del Gobierno y de las Fuerzas Armadas, en un contexto que recuerda los riesgos de desestabilización institucional de años anteriores.
