By Honduras enfrenta un serio cuestionamiento sobre la transparencia del proceso electoral de noviembre, luego de conocerse que al menos 400 mil Documentos Nacionales de Identificación (DNI) están bajo control de la Cancillería de la República, institución que ya habría entregado cerca de 200 mil de estos documentos.
El tema adquiere un carácter explosivo tras el reciente nombramiento de Zulmit Rivera como nueva canciller de Honduras, esposa del actual director del Registro Nacional de las Personas (RNP), Óscar Rivera. Este vínculo directo entre quienes controlan la emisión y distribución de identidades representa un conflicto de intereses sin precedentes, que pone en entredicho la independencia de ambas instituciones.
Sectores políticos y organizaciones de la sociedad civil han denunciado que este manejo discrecional de las identidades en plena recta electoral constituye un grave riesgo de manipulación del padrón y de fraude electoral, favoreciendo al Partido Libre, en el poder. “No se puede hablar de elecciones libres si las identidades de los hondureños están bajo control político y familiar de quienes deciden el rumbo del país”, señalaron analistas.
La polémica se intensifica porque el documento de identificación es la llave para ejercer el voto, y cualquier irregularidad en su distribución puede alterar los resultados de la contienda. A menos de tres meses de las elecciones, el control partidario de este proceso amenaza con minar la confianza ciudadana y colocar a Honduras en una crisis de legitimidad democrática.
