By Este jueves 3 de julio de 2025 se cumplen 10 meses desde la publicación del conocido “narcovideo”, una grabación que exhibe a Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, reunido con reconocidos capos del narcotráfico para acordar millonarios aportes económicos a la primera campaña presidencial del Partido Libre en 2013.
El video, difundido por el portal especializado Insight Crime, muestra a Zelaya —diputado y figura clave dentro del Congreso Nacional y del oficialismo— en una conversación con jefes del narcotráfico, negociando una contribución de 650 mil dólares. Según lo expuesto, los fondos serían distribuidos entre los departamentos de Colón, Olancho y Santa Bárbara, mientras la otra mitad estaría destinada directamente al “comandante”, en alusión a Manuel Zelaya Rosales.
La grabación fue realizada por el exjefe del cartel de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, quien documentó el encuentro como parte de su colaboración con autoridades estadounidenses. En el video también aparecen otras figuras como el actual alcalde de Tocoa, Adán Fúnez; el ex cónsul en Miami, Carlos Muñoz; y los narcotraficantes Héctor Emilio Fernández Rosa (alias “Don H”), Ramón Matta Waldurraga, y Carlos Arnaldo Lobo.
Tras el escándalo, Carlos Zelaya —conocido como “Carlón”— presentó su renuncia al Congreso Nacional y fue apartado de la coordinación del movimiento oficialista M-28, siendo reemplazado por su sobrina, la diputada Hortencia “La Pichu” Zelaya. No obstante, diversas voces señalan que Zelaya continúa ejerciendo influencia dentro del partido y del gobierno. Días después, también dimitió el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, hijo del expresidente Zelaya.
El fiscal general, Johel Zelaya, ha restado importancia legal al caso al calificarlo como un tema “estrictamente político” y argumentar que los hechos datan de hace más de una década, lo que dificultaría establecer responsabilidades penales.
A pesar de la presión de la ciudadanía y de algunos sectores que exigen una investigación a fondo, el Ministerio Público no ha emprendido ninguna acción formal. Analistas coinciden en que, de no mediar una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos, Carlos Zelaya probablemente no enfrentará procesos judiciales en el país.
