By En medio de un ambiente político cada vez más tenso, el proceso de juicio político contra el consejero del CNE, Marlon Ochoa, y el magistrado del TJE, Mario Morazán, no solo concentra la atención en los señalamientos, sino que también abre paso a un nuevo escenario: la eventual designación de sustitutos, lo que podría alterar el equilibrio de poder dentro de los organismos electorales.
Aunque no existe una lista oficial de aspirantes, en los pasillos del Congreso Nacional de Honduras ya comienzan a mencionarse posibles perfiles, generando un clima de expectativa sobre quiénes podrían asumir funciones en instituciones clave para el sistema democrático hondureño.
La posible salida de Ochoa representaría no solo un relevo en el cargo, sino también un impacto político importante, al implicar la pérdida de representación del partido Libertad y Refundación (Libre) dentro del pleno del CNE, un espacio determinante en la toma de decisiones electorales.
Figuras que emergen en el Congreso
Entre los nombres que han tomado fuerza, según reportes periodísticos, figura la abogada y exdiputada Fátima Mena, quien aparece como una de las opciones más visibles para integrar el CNE.
Su trayectoria incluye participación en el Partido Anticorrupción (PAC) y el Partido Salvador de Honduras (PSH), además de su experiencia como regidora en San Pedro Sula. A esto se suma su paso por el sistema judicial, lo que le otorga un perfil con combinación técnica y política.
Actualmente, Mena se desempeña como asesora legal de la bancada del Partido Liberal, lo que ha incrementado su protagonismo en medio de las conversaciones sobre posibles cambios en el órgano electoral.
Hasta el momento, ni el Partido Liberal ni el Partido Nacional han confirmado de manera oficial una eventual postulación.
Movimiento en el TJE: Guandique gana terreno
En paralelo, dentro del Tribunal de Justicia Electoral, uno de los nombres que ha cobrado mayor relevancia es el de la abogada Karen Guandique.
Guandique cuenta con experiencia previa como magistrada suplente del TJE entre 2019 y 2024, además de haber participado en procesos de formación electoral en el desaparecido Tribunal Supremo Electoral.
Aunque buscó una curul en el Congreso Nacional en las elecciones de 2025 por el Partido Demócrata Cristiano (PDCH), no logró el escaño, pero sí obtuvo una votación destacada dentro de su organización política.
Su conocimiento del sistema electoral y su trayectoria la posicionan como una de las alternativas más fuertes en caso de una eventual salida de Morazán.
El proceso ha sido respaldado por el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, quien ha reiterado que el juicio político responde a un mecanismo constitucional y no a una acción de carácter político.
“Esto no es venganza, es control institucional”, ha sostenido Zambrano, en medio de un debate que continúa intensificándose dentro del Legislativo.
No obstante, algunas voces dentro del Congreso han dejado entrever posturas más directas sobre el futuro del CNE, reflejando las tensiones políticas que rodean el proceso.
Audiencias clave: 13 de abril
Este 13 de abril se perfila como una fecha determinante. La Comisión Especial de Juicio Político citó a los funcionarios señalados para comparecer en distintos horarios.
Marlon Ochoa está convocado a las 9:00 a. m., mientras que Mario Morazán deberá presentarse a las 11:00 a. m.
Por la tarde, a la 1:00 p. m., comparecerá la magistrada Lourdes Maribel Mejía Estapé, y a las 3:00 p. m. lo hará el magistrado Gabriel Gutiérrez Peralta.
Estas comparecencias forman parte de la fase investigativa, tras la cual el Congreso deberá determinar si procede o no con la destitución de los funcionarios.
Acusaciones bajo análisis
En el caso de Ochoa, los cuestionamientos giran en torno a presuntos retrasos en el calendario electoral, conflictos internos dentro del CNE y decisiones que habrían incidido en el desarrollo del proceso democrático, incluyendo la declaratoria de resultados.
En cuanto a Morazán y otros magistrados del TJE, las críticas apuntan a una supuesta demora en la resolución de recursos, lo que habría afectado la agilidad de la justicia electoral en el país.
