By El Congreso Nacional de Honduras admitió una denuncia formal de juicio político contra cinco altos funcionarios del sistema electoral del país, acusados de obstruir sistemáticamente las elecciones generales de 2025 y de participar en el hostigamiento que derivó en la muerte de una magistrada.
Los diputados Sergio Figueroa Velásquez, Marco Jonathan Laínez Ordoñez y Miguel Edgardo Motiño Castellanos presentaron la denuncia que solicita la suspensión inmediata y destitución de:
- Marlon David Ochoa Martínez, consejero propietario del Consejo Nacional Electoral (CNE)
- Karen Patricia Rodríguez Álvarez, consejera suplente del CNE
- Mario Alexis Morazán Aguilera, magistrado propietario del Tribunal de Justicia Electoral (TJE)
- Lourdes Maribel Mejía Estape, magistrada suplente del TJE
- Gabriel Gutiérrez Peralta, magistrado suplente del TJE
Acusaciones principales:
Obstrucción institucional: Se les acusa de paralizar deliberadamente el funcionamiento del CNE y del TJE durante cuatro semanas críticas del período preelectoral (julio-agosto 2025), bloqueando el quórum necesario, obstaculizando la declaratoria de resultados y alterando el cronograma electoral de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025.
Manipulación del sistema electoral: Según la denuncia, Ochoa Martínez entregó al Fiscal General una memoria USB con 24 grabaciones de audio sin orden judicial, violando la confidencialidad del CNE. También se les acusa de modificar ilegalmente el sistema de transmisión de resultados electorales (TREP) y de ampliar plazos electorales mediante el Decreto 49-2025.
Caso Barahona Rodríguez – hostigamiento con consecuencias fatales: La denuncia dedica especial atención al caso de la magistrada Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, quien falleció el 23 de marzo de 2026 en el extranjero, donde recibía tratamiento por un cáncer avanzado y agresivo.
Su padre, el abogado José Antonio Barahona Zelaya, denunció públicamente que el hostigamiento sistemático perpetrado por el magistrado Mario Alexis Morazán Aguilera —en coordinación con el entonces Fiscal General Joel Antonio Zelaya Álvarez— aceleró su muerte. Declaró: “Ellos la mataron… la muerte de mi hija está en la sangre de ese bicho de Mario Morazán y ese escifillo de Joel Zelaya”.
La denuncia sostiene que Morazán Aguilera:
- Descalificó públicamente a Barahona afirmando que “no estaba en condiciones físicas ni mentales” para ejercer el cargo
- Profirió expresiones ofensivas como “usted es una muerta de hambre” en sesiones internas del Pleno
- Exigió su presencia física en el tribunal pese a su delicada condición médica, impidiéndole viajar al extranjero para recibir tratamiento especializado
Respaldo internacional:
La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), integrada por 138 observadores de 26 países miembros más Canadá y Noruega, documentó en su Informe Final que “el desempeño de la administración electoral se ha visto socavado por una parálisis continua e intencionada a lo largo del período electoral”.
La Misión de Observación Electoral de la OEA (MOE-OEA), en su informe preliminar del 15 de diciembre de 2025, atribuyó los retrasos electorales a “conflictos entre las autoridades electorales que antepusieron intereses partidistas al proceso”.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) confirmó que el recuento de actas alcanzó el 92%, verificando la exactitud de resultados agregados oficialmente.
Violencia de género institucional:
La denuncia califica las conductas contra la magistrada Barahona como violencia de género en el ámbito institucional, citando la Convención de Belém do Pará (1994), la Convención CEDAW (1979) y la Declaración de la ONU sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1993).
Peticiones al Congreso:
Los diputados solicitaron que el Honorable Congreso Nacional:
- ADMITA la denuncia de juicio político
- NOMBRE una Comisión Especial de nueve miembros para investigar los hechos en un plazo de 30 días
- SUSPENDA inmediatamente a los cinco denunciados de sus cargos durante la investigación, para evitar obstrucción del proceso
Anexos probatorios:
La denuncia se acompaña de 25 anexos que incluyen: denuncias penales formales, informes de la MOE-UE y MOE-OEA, certificaciones del CNE, oficios institucionales, memorandos, comunicados del Ministerio Público, recusaciones formales, y actas de sesiones.
Fundamento legal:
El juicio político se fundamenta en el artículo 234 de la Constitución de Honduras, la Ley Especial de Juicio Político (Decreto 51-2013), la Ley Electoral (Decretos 35-2021 y 49-2025), y artículos del Código Penal (499, 542 numeral 4, 544 numeral 19, y 555) relacionados con violación de deberes de funcionario, concusión, amenaza electoral, delitos electorales y traición a la patria.
El caso se presentó ante el Pleno del Congreso Nacional el 9 de abril de 2026, a las 9:00 a.m., en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, solicitando que la investigación se resuelva en el plazo legal de 30 días calendario.
Esta denuncia representa uno de los casos más graves de juicio político en la historia reciente de Honduras, al involucrar no solo la supuesta obstrucción del proceso electoral democrático, sino también acusaciones de hostigamiento institucional con consecuencias fatales para una alta funcionaria del Estado.
Las elecciones generales de Honduras se celebraron el 30 de noviembre de 2025 en un ambiente tenso y polarizado, con múltiples denuncias de fraude electoral, manipulación del sistema TREP, y bloqueos institucionales que pusieron en riesgo la credibilidad del proceso democrático. La muerte de la magistrada Barahona Rodríguez en marzo de 2026 añadió un elemento de gravedad sin precedentes al caso, convirtiendo el juicio político en un asunto no solo de responsabilidad administrativa, sino también de posible responsabilidad penal por las consecuencias del hostigamiento sistemático.
