By El diputado y presidente del Congreso Nacional, Tomas Zambrano, respondió este jueves al pronunciamiento del expresidente Manuel Zelaya Rosales, quien denunció un supuesto “golpe de Estado” y una concentración de poder en Honduras.
Zambrano calificó las declaraciones de Zelaya como una “memoria selectiva” y recordó que durante la gestión del expresidente y del Partido Libre existieron intentos de promover juicios políticos contra funcionarios clave, incluyendo al entonces Fiscal General y al presidente de la Corte Suprema de Justicia. “En su momento, lo único que les faltó fueron los votos. Hoy, esos votos sí los tenemos, porque el pueblo hondureño nos dio ese mandato en las urnas”, señaló.
Defensa del procedimiento legal
El legislador defendió que el juicio político reciente se realizó respetando todos los procedimientos legales, incluyendo plazos, requisitos y derechos de los funcionarios involucrados. Subrayó que el ex Fiscal General tuvo todas las garantías para su defensa, pudiendo utilizar la tribuna del hemiciclo, aunque decidió renunciar a hacerlo.
Zambrano afirmó que no se empleó violencia ni se irrespetó la investidura de los funcionarios, contrastando esta actuación con episodios previos durante la administración de Libre, caracterizados según él por “violencia, caos e intolerancia”.
Reiteración del mandato constitucional
“¿Tiene el Congreso Nacional la facultad de investigar y separar a funcionarios que él mismo elige? Sí. ¿Está el juicio político reconocido en la Constitución? Sí. ¿Se siguieron los procedimientos, plazos y requisitos establecidos en la ley? Sí”, enfatizó Zambrano, defendiendo que las decisiones tomadas se ajustan al marco legal vigente.
El legislador aseguró que el objetivo de estas acciones es corregir abusos cometidos en administraciones anteriores, sin perseguir ni humillar a la oposición. “Nosotros no le vamos a fallar al pueblo hondureño. En Honduras prevalecerá el imperio de la ley”, concluyó.
El intercambio público refleja la polarización política actual en el país, marcada por acusaciones mutuas de abuso de poder y cuestionamientos sobre la independencia de los órganos del Estado, mientras sectores políticos y sociales observan de cerca la evolución de los procesos legislativos y judiciales.
