By Diversos sectores de la sociedad civil emitieron una carta pública en la que denuncian actuaciones del Fiscal General, Joel Zelaya, a quien acusan de utilizar la institucionalidad del Ministerio Público como un instrumento de presión política y mediática.
En el documento, los firmantes sostienen que existe un patrón de “justicia selectiva” y exposición pública de acusados, citando casos como los de Nasry Asfura y David Chávez, donde, según afirman, se habría vulnerado la presunción de inocencia y se habrían reactivado procesos en momentos políticamente sensibles.
La carta también hace referencia a otros expedientes, incluyendo procesos contra los generales Romeo Vásquez Velásquez, Venancio Cervantes y Carlos Puerto, así como señalamientos que involucran al expresidente Manuel Zelaya.
Los firmantes cuestionan la solidez de las pruebas presentadas y el manejo mediático de los casos, asegurando que estas prácticas debilitan el Estado de Derecho y generan desconfianza en el sistema judicial.
En ese sentido, exigen de forma urgente la apertura de un juicio político contra el Fiscal General y advierten que la falta de acción podría agravar la crisis institucional en el país.
Esta es la carta:
CARTA PÚBLICA AL PUEBLO Y A LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
Asunto: Denuncia sobre actuaciones del Fiscal General y exigencia urgente de restablecer el orden dedemocrático
En un Estado de Derecho, la justicia no se negocia, no se manipula y no se utiliza como herramienta de poder.
Cuando un Fiscal General abandona su rol constitucional y convierte la Fiscalía en un instrumento de presión, persecución y espectáculo mediático, no solo falla en su deber:
atenta directamente contra la democracia.
Hoy el problema ya no es un caso aislado.
Es un patrón.
Y ese patrón tiene nombre: Joel Zelaya.
1. Caso Nasry Asfura
Se utilizó la cadena nacional para exponerlo públicamente, violando la presunción de inocencia.
No fue justicia:
fue condena mediática desde el poder.
2. Caso David Chávez
A pesar de resoluciones favorables, se activan acciones cuando entra en el escenario político opositor.
Esto no es coincidencia.
Es selectividad en la aplicación de la justicia.
3. Caso “Koriun”
El manejo del caso fue impropio, generando incertidumbre, desorden institucional y falta de claridad en la aplicación de la ley.
El resultado es innegable:
miles de ciudadanos afectados, pérdidas económicas reales y ausencia de respuestas contundentes del sistema de justicia.
Cuando el Estado falla en proteger a la gente,
también es responsable del daño.
4. Caso de los Generales: Romeo Vásquez Velásquez, Venancio Cervantes y Carlos Puerto
Se lanzaron acusaciones graves sin sustento sólido presentado ante los tribunales, mientras el juicio se desarrollaba en medios de comunicación.
Eso no es justicia.
Eso es manipulación del poder punitivo del Estado.
5. Caso reiterado contra el General Romeo Vásquez Velásquez
Cuando una acusación no se sostiene, aparece otra.
Testigos mediático
Videos cuestionados
Narrativas cambiantes
Esto no fortalece un caso.
Evidencia una práctica peligrosa: sostener acusaciones a cualquier costo.
6. Caso Tomás Zambrano y Cossette López
Se presenta como prueba un material cuya obtención es dudosa.
Si la prueba nace contaminada, el proceso también.
No se puede construir justicia violando la ley.
7. Caso de supuestos “terroristas” contra el expresidente Manuel Zelaya
Se acusa públicamente sin demostrar con claridad ante un tribunal independiente.
Otra vez el mismo patrón:
primero el espectáculo, después —si acaso— el proceso.
CONCLUSIÓN
Esto no son errores.
No son excesos aislados.
Es una forma de operar.
Justicia mediática en lugar de justicia real
Selectividad en las acusaciones
Uso político de la institucionalidad
Debilitamiento del Estado de Derecho
Y lo más grave:
Se está erosionando la confianza del pueblo en la justicia.
Cuando la justicia pierde credibilidad,
el país entero entra en riesgo.
EXIGENCIA URGENTE
Se debe iniciar sin dilaciones un proceso de juicio político contra el Fiscal General Joel Zelaya.
No es una opción.
No es un debate político.
Es una necesidad para proteger el orden democrático.
Cada día que pasa sin actuar:
Se profundiza el daño institucional
Se normaliza el abuso de poder
Y se envía un mensaje peligroso: que la ley puede ser utilizada según conveniencia
RESTABLECER EL ORDEN EN LA FISCALÍA
La Fiscalía debe volver a su función constitucional:
Investigar con pruebas, no con titulares
Acusar en tribunales, no en conferencias
Defender la ley, no intereses
El país no necesita una Fiscalía al servicio de agendas.
Necesita una Fiscalía al servicio de la justicia.
ADVERTENCIA CLARA
Si el actual gobierno permite que estos abusos continúen,
no podrá evadir su responsabilidad.
Porque tolerar el abuso es permitirlo.
Y permitirlo es hacerse parte de él.
Cuando llegue el reclamo del pueblo,
no será contra uno solo,
será contra todos los que teniendo la obligación de actuar, decidieron no hacerlo.
REFLEXIÓN FINAL
La justicia no es un show.
No es propaganda.
No es un arma política.
La justicia es el último límite entre el orden y el abuso.
Y cuando ese límite se rompe,
lo que sigue no es gobernabilidad…
es arbitrariedad.
Atentamente,
Miembros de la sociedad civil
Miembros veteranos
Defensores de personas de la tercera edad
Miembros militares y policías en condición de retiro
Antiguos miembros del Bloque de Oposición Ciudadana
Asociación de Reservistas
Defensores de Honduras
