By A 42 días de haber dejado el poder la expresidenta Xiomara Castro y el partido Partido Libertad y Refundación (Libre), una nueva controversia política sacude al país tras revelarse un reglamento publicado en La Gaceta que permitió que una élite de exfuncionarios de alto nivel, e incluso sus cónyuges, conservaran pasaportes diplomáticos de forma vitalicia.
La polémica surgió luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional ordenara recientemente a exfuncionarios devolver sus pasaportes diplomáticos y oficiales antes del 31 de marzo, en cumplimiento del artículo 11.2 del Acuerdo No. 001-SG-2025. Sin embargo, el mismo comunicado incluyó una excepción que generó cuestionamientos: no debían devolver el documento quienes, por el cargo que ocuparon, tuvieran derecho a pasaporte diplomático vitalicio según la normativa vigente.
Fue entonces cuando se revisó el contenido del Reglamento de Pasaportes Diplomáticos y Oficiales, publicado en La Gaceta el 14 de junio de 2025, lo que provocó una fuerte reacción en distintos sectores al descubrirse los privilegios establecidos en el documento.
El artículo 13 del reglamento establece que los expresidentes de los poderes del Estado y sus cónyuges, así como los excancilleres y exvicecancilleres junto a sus parejas, pueden conservar pasaporte diplomático de por vida, un beneficio que tradicionalmente estaba ligado únicamente al ejercicio del cargo.
Un privilegio aprobado desde la propia Cancillería
El acuerdo fue aprobado el 6 de mayo de 2025 y aparece firmado por el entonces canciller Eduardo Enrique Reina García, lo que ha generado críticas al considerar que la medida terminó beneficiando a quienes formaban parte de la misma estructura de poder que aprobó el reglamento.
Entre los nombres señalados públicamente como posibles beneficiarios de esta disposición figuran la expresidenta Xiomara Castro, el excanciller Enrique Reina, quien dejó el cargo para integrar la fórmula presidencial de Rixi Moncada, así como los exvicecancilleres Gerardo Torres, Cindy Larissa Rodríguez y Zulmit Solemit Rivera Zúniga.
También han sido mencionados otros altos cargos contemplados dentro del reglamento, como el presidente del Congreso Nacional Luis Redondo y el expresidente Manuel Zelaya.
La controversia crece porque el documento no solo amplía el número de funcionarios con derecho a pasaporte diplomático, sino que además convierte en permanente un beneficio que, por su naturaleza, estaba vinculado al desempeño temporal de una función pública. En administraciones anteriores, los exfuncionarios debían devolver estos documentos al concluir sus cargos.
La crítica: “oficialización del abuso de poder”
La abogada constitucionalista Ruth Lafosse cuestionó el contenido del reglamento y señaló que se trata de una disposición incompatible con los principios de una república democrática.
Según explicó, el pasaporte diplomático no es un premio personal ni un reconocimiento permanente, sino un instrumento que facilita el desempeño de funciones oficiales mientras el funcionario ejerce el cargo.
Para la jurista, una vez concluida la función pública, el documento debe ser devuelto al Estado de inmediato, por lo que calificó como ilegal, inconstitucional y abusivo que se otorgue de forma vitalicia a exfuncionarios y, además, a sus cónyuges.
A su juicio, medidas de este tipo rompen el principio de igualdad ante la ley y crean una clase privilegiada dentro del aparato estatal, algo que —según dijo— no debería existir en un sistema democrático.
Una lista amplia que multiplica la indignación
Otro punto que ha generado críticas es la extensa lista de cargos incluidos en el reglamento con derecho a pasaporte diplomático u oficial.
Entre ellos figuran secretarios y subsecretarios de Estado, directores generales, asesores y asistentes autorizados, diputados del Congreso Nacional, parlamentarios del Parlamento Centroamericano, magistrados, fiscales, comisionados, autoridades del CNE y del TJE, altos funcionarios del Banco Central, rectores universitarios y líderes religiosos, entre otros.
La amplitud del listado ha despertado interrogantes en la opinión pública sobre cuántos privilegios pudieron haberse aprobado durante la administración anterior sin mayor debate público.
El tema salió a flote por una orden de devolución
Paradójicamente, el escándalo no surgió por una auditoría ni por una denuncia previa, sino a raíz del comunicado emitido por la Cancillería del nuevo gobierno encabezado por Nasry Asfura, en el que se instruyó la devolución de los pasaportes diplomáticos y oficiales a quienes dejaron sus cargos en enero.
Esa orden abrió la puerta para revisar el reglamento vigente y dejó al descubierto una disposición que muchos desconocían y que ahora se ha convertido en un nuevo foco de críticas contra el gobierno de Libre, que estuvo en el poder entre el 27 de enero de 2022 y el 26 de enero de 2026.
Más que un documento, un símbolo de los excesos del poder
El debate ha trascendido el simple uso de un pasaporte. Para distintos sectores, el caso refleja cómo desde el Estado se pudieron aprobar privilegios permanentes para una élite política, mientras la mayoría de los hondureños enfrenta dificultades económicas, desempleo, inseguridad y servicios públicos deteriorados.
La revelación vuelve a colocar bajo escrutinio los cuatro años de gestión del partido Partido Libertad y Refundación y reabre preguntas sobre otras decisiones, acuerdos o reglamentos que pudieron haberse aprobado sin conocimiento público.
El tema cobra mayor relevancia tras las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, cuando Libre sufrió un fuerte revés electoral. Para muchos analistas, revelaciones como esta continúan alimentando el debate sobre el manejo del poder y los privilegios dentro del Estado hondureño.
