La dirigente del Maribel Espinoza, del Partido Liberal, aseguró durante su participación en el foro televisivo El Personaje de CHTV que el consejero del Consejo Nacional Electoral de Honduras (CNE), Marlon Ochoa, debería ser sometido a juicio político, no por la polémica de los audios que han circulado en medios, sino por incumplimiento de las responsabilidades inherentes a su cargo.
Espinoza enfatizó que Ochoa “no tiene que ser sometido a juicio político por unos audios… debe ser sometido porque incumplió con los deberes que se derivan de su cargo”. La dirigente señaló que el funcionario se ausentó injustificadamente de sesiones a las que estaba legalmente convocado, lo que generó consecuencias directas sobre el normal desarrollo de los procesos electorales. Según indicó, estas ausencias no solo constituyen una falta administrativa sino una “clara intención dolosa para interrumpir el proceso electoral”, afectando la realización de sesiones clave y comprometiendo tanto las elecciones primarias como las generales.
Durante su intervención, Espinoza destacó que el consejero se retiró de manera unilateral, “sin autorización del pleno del Consejo Nacional Electoral”, y subrayó que no existe ninguna disposición legal que lo ampare ante este incumplimiento. Para la dirigente liberal, la acción de Ochoa refleja una conducta que afecta la institucionalidad del CNE y pone en riesgo la transparencia y legitimidad de los procesos electorales en Honduras.
La dirigente también aprovechó para reiterar que el juicio político no debe ser considerado un castigo por polémicas mediáticas o filtraciones de audios, sino una herramienta constitucional para garantizar que los funcionarios cumplan con sus responsabilidades y que la autoridad electoral actúe conforme a la ley. Según Espinoza, permitir que este tipo de incumplimientos quede sin sanción podría sentar un precedente negativo para futuras gestiones dentro del CNE y otras instituciones del Estado.
Finalmente, Espinoza hizo un llamado al Congreso Nacional de Honduras para que evalúe con seriedad la situación de Marlon Ochoa y determine si procede su sometimiento a juicio político, en aras de proteger la institucionalidad, la transparencia electoral y la confianza ciudadana en los organismos del país.
