By La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado de Honduras por vulnerar el derecho a la consulta previa, libre e informada de la Comunidad Garífuna asentada en el archipiélago de Cayos Cochinos, según la sentencia emitida este 4 de marzo. El tribunal determinó que también se afectaron derechos como la propiedad colectiva, la participación, el acceso a la información, la identidad cultural, la alimentación y la integridad personal.
El fallo establece que las violaciones se originaron principalmente por la falta de consulta en decisiones relacionadas con la declaratoria y administración del área protegida, así como por no garantizar plenamente el uso y disfrute del territorio ancestral. Además, concluyó que el Estado no adoptó medidas suficientes para asegurar el acceso a recursos naturales esenciales para la subsistencia y preservación cultural de la comunidad.
La Corte también examinó el impacto de actividades turísticas y producciones televisivas autorizadas en la zona desde 2006, que implicaron restricciones temporales de acceso al archipiélago. Según la sentencia, estas medidas afectaron prácticas tradicionales como la pesca artesanal y evidenciaron falta de regulación y mitigación frente a riesgos ambientales y sociales.
Asimismo, el tribunal determinó la existencia de un clima de amenazas y violencia contra miembros de la comunidad, señalando deficiencias en la investigación de estos hechos, lo que generó un entorno de inseguridad que afectó la integridad personal de los pobladores.
Como medidas de reparación, la Corte ordenó adecuar la normativa interna sobre consulta previa a pueblos indígenas y tribales, garantizar la participación de la comunidad en la gestión del Monumento Natural Marino, investigar los hechos de violencia denunciados, publicar la sentencia y pagar indemnizaciones por daños materiales e inmateriales.
El caso se originó en denuncias presentadas desde el año 2000 por la comunidad garífuna, relacionadas con el proceso de titulación y el manejo del área protegida. Aunque la Corte consideró que la titulación se realizó en un plazo razonable, concluyó que el Estado incumplió obligaciones fundamentales en materia de consulta y protección de derechos colectivos.
