By El Tribunal Supremo de Estados Unidos, de mayoría conservadora, ha decidido tumbar los aranceles llamados “recíprocos” que el presidente Donald Trump impuso de forma indiscriminada a más de un centenar de países. El fallo, de 170 páginas, amenaza al Gobierno estadounidense con tener que devolver decenas de miles de millones en devoluciones por gravámenes cobrados irregularmente.
La decisión del Supremo no afecta a todos los gravámenes comerciales impuestos por la Administración Trump. Se pronuncia solo sobre los llamados aranceles recíprocos, la mayoría, dirigidos a los socios comerciales, y otros destinados a China, Canadá y México. Son los que Trump aprobó invocando la ley de poderes de emergencia de 1977 (IEEPA son sus siglas en inglés). Hay otras tasas comerciales específicas sobre el aluminio, los coches, por ejemplo, que no les afecta esta decisión. El tribunal considera que Trump hace un uso generalizado de los poderes de emergencia de la ley y por tanto abusa de ella.
El fallo, por seis votos a tres, no por esperado deja de ser sorprendente en un tribunal de mayoría conservadora que ha dictado opiniones recurrentemente favorables a Donald Trump.
La opinión mayoritaria la firma el presidente del Supremo, John Roberts, y cuenta con el apoyo de las liberales Ketanji Brown Jackson, Elena Kagan y Sonia Sotomayor, y de los magistrados conservadores Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, que ya se mostraron escépticos con los aranceles de Trump durante la vista oral. Ese resultado (6-3) es habitual en el Supremo actual, con una supermayoría conservadora inédita desde los años treinta, pero normalmente sirve para dejar en minoría a las tres juezas liberales.
En su opinión disidente, de 63 páginas, el conservador Brett Kavanaugh anticipa que lo que se avecina con este fallo para la economía estadounidense será un “desastre”. “Los efectos provisionales de la decisión del tribunal podrían ser sustanciales. Estados Unidos podría verse obligado a reembolsar miles de millones de dólares a los importadores que pagaron los aranceles de la IEEPA, aunque algunos importadores ya hayan trasladado los costos a los consumidores u otros”, escribe Kavanaugh. “Como se reconoció en los argumentos orales, es probable que el proceso de reembolso sea un desastre”.
El delegado comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, ya aseguró hace unas semanas que si el Supremo falla en contra de los aranceles, la Administración “comenzará al día siguiente a restablecerlos para responder a los problemas que el presidente ha identificado”.
La decisión, que amenazaba con trastocar la agenda económica de Trump, se produce tres meses después de la vista oral celebrada en la Corte Suprema para estudiar la legalidad de los gravámenes comerciales. Los jueces se reunieron en una audiencia conjunta para analizar si el presidente puede esgrimir la IEEPA aprobar los aranceles. Entonces ya expresaron su escepticismo sobre su legalidad.
La Ley de poderes de emergencia (IEEPA) fue aprobada hace casi medio siglo por Jimmy Carter para limitar el poder presidencial en materia de economía exterior después de los intentos de Richard Nixon de saltarse los límites del poder presidencial.
La Casa Blanca ya había contemplado la posibilidad de un revés del Supremo y adelantó que recurrirá a otras fórmulas legales para mantener los aranceles. El Gobierno había barajado al menos cinco vías alternativas por las que mantener o volver a aprobar los aranceles.
Aunque el fallo no lo menciona expresamente abre una enorme amenaza para la Administración Trump por los gravámenes cobrados indebidamente. Economistas de Penn-Wharton Budget Model calculan que la Casa Blanca podría enfrentarse a devoluciones por 175.000 millones de dólares, según cálculos realizados para Reuters.
Las demandas llegaron al Tribunal Supremo después de que otros tribunales inferiores sentenciaran que la IEEPA no concede al presidente poderes ilimitados y no le otorga la autoridad para imponer aranceles de forma indiscriminada.
Los demandantes argumentan que la ley aprobada por el presidente Carter en 1977, sobre la que se ha apoyado ahora Trump para justificar sus aranceles, no menciona los términos “aranceles”, “derechos aduaneros”, “impuestos” o “gravámenes”. Ese fue precisamente uno de los argumentos del letrado Neal K. Katyal, quien representó a las empresas durante su intervención en la audiencia del Supremo. El otro es que la IEEPA se ha usado en numerosas ocasiones durante los últimos 50 años para “decretar sanciones, pero nunca”, proclamó el abogado, “ni una sola vez, para dictar política arancelaria”. Katyal recordó que la potestad para imponer impuestos se la otorgaron los “padres fundadores” al Congreso.
La vista oral ofreció algunas pistas de por dónde podían ir los jueces. La mayoría de los magistrados, incluyendo los conservadores que han mimado a Trump con sus decisiones, expresaron sus dudas sobre la potestad del presidente de aprobar aranceles en virtud de la ley de emergencia.
Desde el pasado 2 de abril, la jornada proclamada por Trump como Día de la Liberación, Estados Unidos ha impuesto aranceles indiscriminados a más de un centenar de países. Se trata de gravámenes a la importación que van desde el 15%, que ha fijado para la mayoría de bloques, hasta el 50% para India o Brasil. La Administración Trump también ha establecido tasas especiales para países, para sectores generales, pero también para productos específicos en función de sus intereses, que no son necesariamente comerciales, como los aranceles al acero y el aluminio, al sector automovilístico e incluso a los tocadores del cuarto de baño.
“Los aranceles de 2025 afectarán con mayor fuerza a la ropa, los productos con alto contenido metálico, como equipos eléctricos y computadoras, y los vehículos motorizados. Si se invalidan los aranceles de la IEEPA, la carga sobre la ropa y los productos relacionados se aliviaría en gran medida”, señala el Laboratorio de Presupuesto de la Universidad de Yale.
La Casa Blanca ha esgrimido la IEEPA para imponer cinco tipos de aranceles: los recíprocos, los relacionados con el fentanilo, los vinculados a las importaciones de petróleo ruso, los que se aplican a los productos indios y de Brasil y los acuerdos comerciales negociados otros países en virtud de la ley.
Este think tank, que ha seguido la evolución de la política comercial de Trump durante el último año, sostiene que la tarifa arancelaria promedio de Estados Unidos ha fluctuado enormemente este año. Ha pasado del 2,4% a principios de enero a una tasa próxima al 28% a finales de abril tras la declaración de la guerra comercial de Trump. Y luego han bajado al 16,8% cuando negoció con la Unión Europea y al 14,4% tras las últimas modificaciones que recogen rebajas de los aranceles para Suiza y para un amplio catálogo de productos alimenticios como el café, la carne roja o frutas y verduras habituales de la cesta de la compra producidos en algunos países latinoamericanos. En cualquier caso, la tasa arancelaria actual ronda el 15%, la más elevada desde 1935.
