La llegada de una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Honduras marca el inicio de una nueva etapa de conversaciones entre el organismo y la actual administración. El presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos, explicó que el principal objetivo de la visita es establecer prioridades y sentar las bases de una ruta de reformas alineada con la visión del presidente Nasry Asfura.
Lagos aclaró que no se trata de una revisión formal del acuerdo vigente, sino de un primer acercamiento para presentar a las nuevas autoridades, intercambiar información actualizada y analizar las cifras fiscales más recientes, especialmente las correspondientes a 2025. Honduras mantiene pendientes la cuarta y quinta revisión del programa suscrito durante la administración anterior, evaluaciones que se desarrollarán en una etapa posterior.
Entre los temas centrales del diálogo figuran infraestructura, revisión fiscal, Presupuesto General, descentralización y fortalecimiento del gasto social, con énfasis en el sector salud. Según el titular del BCH, el acuerdo actual se mantendrá como marco general, aunque algunos indicadores y metas deberán ajustarse para incorporar la nueva orientación económica del Gobierno.
Uno de los puntos donde podrían surgir cambios importantes es el sector energético. Lagos indicó que la actual administración analiza una transformación en el modelo de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), pasando de un esquema estatal concentrado a una estructura con mayor participación de mercado. “Todas estas discusiones se harán con responsabilidad y en el marco del acuerdo”, subrayó.
Asimismo, anunció que en los próximos días se firmará el retorno de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), decisión que busca fortalecer la confianza de inversionistas y mejorar el clima de negocios en el país.
El funcionario reiteró que esta visita técnica permitirá construir la base para futuras negociaciones con el FMI, ajustando metas sin romper el esquema vigente y asegurando que las reformas respondan a las prioridades económicas y sociales de la nueva administración.
