By El procurador general de la República, Dagoberto Aspra, denunció la existencia de al menos dos juzgados que, según afirmó, representan un “alto riesgo” para las finanzas públicas, al estar admitiendo demandas laborales que derivan en embargos directos contra el Estado.
De acuerdo con el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), los órganos jurisdiccionales señalados se ubican en los departamentos de Choluteca y Olancho. “Hemos identificado dos juzgados con alto riesgo… estratégicamente abogados van a presentar demandas a estos departamentos y directamente vienen a embargar las finanzas del Estado”, expresó, sugiriendo que existiría un patrón en la presentación de acciones judiciales.
Aspra indicó que se trata principalmente de demandas laborales que, tras obtener sentencia favorable, son ejecutadas mediante embargos que impactan las cuentas estatales. Aunque no precisó una cifra exacta, aseguró que son “muchos embargos” y explicó que el control de la ejecución corresponde a la Secretaría de Finanzas de Honduras (Sefin), entidad responsable de cumplir con las resoluciones judiciales.
El procurador advirtió que esta situación podría comprometer la estabilidad financiera del Estado si no se revisan los procedimientos y mecanismos de supervisión. Asimismo, dejó entrever la necesidad de fortalecer los controles internos y la coordinación con la Corte Suprema de Justicia para evitar posibles irregularidades o prácticas que afecten el erario público.
Las declaraciones se suman a recientes señalamientos de funcionarios del área económica sobre presuntas redes entre abogados litigantes y operadores judiciales para gestionar demandas y embargos contra el Estado, un tema que ha generado debate sobre la transparencia y el manejo de recursos públicos.
