By Honduras vuelve a figurar entre los países con peores niveles de transparencia a nivel mundial. El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, publicado por Transparencia Internacional, asigna al país 22 puntos de 100, ubicándolo en la posición 157 de 182 países, un descenso de tres puestos en comparación con el año anterior.
La calificación confirma un escenario de estancamiento prolongado y retroceso institucional. Mientras varias naciones han logrado avances graduales en controles públicos y combate a la impunidad, Honduras continúa atrapada en prácticas sistemáticas que debilitan el Estado de derecho y erosionan la confianza ciudadana.
A nivel regional, el panorama tampoco es alentador. Centroamérica mantiene un promedio de 31 puntos, reflejando una falta generalizada de reformas profundas. En este contexto, Honduras se sitúa entre los países con peor desempeño, superando únicamente a Nicaragua y Haití en la medición.
La caída de Honduras en el ranking del IPC durante 2025 refuerza la percepción de un país que no logra revertir su tendencia negativa en materia de transparencia y rendición de cuentas.
El contraste con otras naciones de la región es evidente. Costa Rica, por ejemplo, supera los 50 puntos y mantiene instituciones más sólidas, lo que demuestra que la corrupción no es un destino inevitable, sino el resultado de decisiones políticas, marcos legales débiles y controles ineficaces.
El comportamiento histórico del IPC es revelador. Desde 2017, Honduras no ha logrado salir de la zona de alta corrupción y solo en 2015 y 2016 alcanzó niveles superiores a los 30 puntos. En los últimos diez años, el país no ha mostrado mejoras estructurales sostenidas, manteniéndose de forma constante en la franja crítica del ranking mundial.
Símbolo del colapso institucional
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) se ha convertido en uno de los ejemplos más representativos del deterioro institucional. Organizaciones de sociedad civil y Transparencia Internacional la señalan como el caso más grave de corrupción estructural en la historia reciente del país.
Entre 2022 y 2025, la estatal eléctrica acumuló pérdidas cercanas a los 46 mil millones de lempiras y una deuda que sobrepasa los 114 mil millones, obligando al Estado a destinar recursos extraordinarios que han limitado la inversión en sectores clave como salud, educación y seguridad.
Especialistas coinciden en que la crisis de la ENEE no responde únicamente a factores técnicos, sino a un manejo político prolongado, ausencia de controles efectivos y decisiones discrecionales que han debilitado su sostenibilidad financiera.
En 2025, la deuda total de la ENEE alcanzó 114 mil 499.1 millones de lempiras, reflejando el impacto acumulado de años de mala gestión y falta de supervisión.
El informe global del IPC advierte que el retroceso hondureño se da en un contexto internacional marcado por el debilitamiento de liderazgos políticos, retrocesos democráticos y restricciones al espacio cívico. No obstante, subraya que existen ejemplos positivos.
Países como República Dominicana muestran que el avance es posible cuando se fortalecen los entes de control, se impulsa la judicialización de casos de alto perfil y se amplían los mecanismos de transparencia. En 2025, esa nación alcanzó 37 puntos y mejoró su posición en el ranking global.
Desde la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo hondureño de Transparencia Internacional, se insiste en que sin reformas estructurales, sanciones efectivas y voluntad política real, la impunidad seguirá dominando el sistema público. La organización advierte que la corrupción continúa drenando recursos del Estado y deteriorando los servicios básicos, con un impacto directo en los sectores más vulnerables.
El IPC 2025 deja una advertencia contundente: Honduras no enfrenta solo un problema de imagen internacional, sino una crisis profunda de integridad institucional.
Impulsar la rendición de cuentas, proteger a periodistas y denunciantes, auditar sectores de alto riesgo fiscal y garantizar una justicia independiente se han convertido en exigencias impostergables para frenar el deterioro y evitar que el país siga cayendo en los indicadores globales de corrupción.
