By Por: Gabriela Castellanos
Nasry Asfura asumió la presidencia de Honduras en medio de una transición marcada por una profunda polarización política que no se disipa con discursos de unidad. Su plan, “Honduras, vamos a estar bien”, promete reactivar la economía, generar empleo, recuperar la seguridad y atraer inversiones. Sin embargo, en un país agotado por crisis prolongadas y una ciudadanía escéptica, estas propuestas merecen un escrutinio riguroso: ¿atacan realmente las causas estructurales de los problemas o simplemente repiten el ciclo de expectativas elevadas y resultados limitados?
En lo económico, el plan apuesta por simplificar trámites, garantizar estabilidad jurídica y promover al país como destino de inversión mediante incentivos fiscales, zonas francas y una institucionalidad dedicada a la atracción de capital. Se propone rehabilitar 5,000 km de carreteras, modernizar el sistema energético con tecnologías inteligentes y construir 550,000 viviendas sociales. Son medidas necesarias, pero surge una pregunta clave: ¿basta con facilitar la inversión privada en un contexto de debilidad institucional persistente? Sin reglas claras, controles efectivos y transparencia en la ejecución, la dependencia del capital privado —nacional y extranjero— corre el riesgo de profundizar desigualdades y reproducir prácticas de captura del Estado.
La promesa de generar un millón de empleos, principalmente a través de la construcción y el apoyo a las MIPYMES, es ambiciosa. El déficit habitacional superior al millón de viviendas da sustento al enfoque, pero persiste la duda sobre la calidad y sostenibilidad de esos puestos de trabajo. En un país con alto desempleo juvenil y migración forzada, el plan menciona capacitación técnica y articulación entre educación y empresa, aunque sin detallar cómo se garantizará la inclusión efectiva de mujeres, zonas rurales y comunidades históricamente excluidas. La ausencia de mecanismos claros de monitoreo y evaluación aumenta el riesgo de que los beneficios se concentren en sectores cercanos al poder y no en quienes más los necesitan.
En materia de seguridad, el presidente Asfura plantea combatir la extorsión mediante inteligencia financiera, unidades especializadas y un modelo de policía comunitaria, evitando medidas excepcionales prolongadas. Estos enfoques no se limitan exclusivamente a acciones represivas, pero su efectividad dependerá de reformas profundas en el sistema de justicia y de una depuración sostenida de las fuerzas de seguridad.
La lucha contra la corrupción aparece en el discurso, pero hasta ahora su hoja de ruta resulta difusa. El plan alude a rendición de cuentas, ética y fiscalización pública, sin precisar instrumentos, plazos ni responsabilidades claras. En un país marcado por escándalos recurrentes y desconfianza institucional, esta indefinición es una señal de alerta: sin políticas anticorrupción claramente delineadas y sin fortalecimiento real de los órganos de control, cualquier esfuerzo corre el riesgo de quedar reducido a una mera declaración de buenas intenciones.
Otro de los grandes desafíos es reducir la polarización que fractura a la sociedad hondureña. El plan apela a la cohesión social, valores republicanos y una gestión desideologizada, con llamados a la unidad y al cierre de ciclos de confrontación. Si bien son mensajes oportunos en un contexto de alta tensión política, resultan insuficientes si no se traducen en mecanismos concretos. No se plantean con claridad espacios formales de diálogo nacional, instancias multipartidarias ni procesos orientados a reconstruir confianza entre actores políticos y sociales.
El país necesita transparencia y resultados medibles. El gobierno del presidente Asfura tiene la oportunidad de comenzar a desmontar la polarización y la desconfianza acumulada; sin embargo, para lograrlo, deberá priorizar la rendición de cuentas, el diálogo genuino y, sobre todo, políticas públicas orientadas al interés general.
