By La designada presidencial, María Antonieta Mejía, expuso este viernes una serie de presuntas irregularidades administrativas que, según afirmó, fueron encontradas tras una revisión interna del funcionamiento del Estado al cierre de la administración anterior, encabezada por la expresidenta Xiomara Castro. Las denuncias apuntan a un uso desproporcionado de recursos públicos, creación acelerada de estructuras sindicales y prácticas salariales que habrían afectado las finanzas estatales.
De acuerdo con Mejía, en los últimos meses del gobierno saliente se habrían constituido al menos cuatro sindicatos de manera apresurada, lo que —a su juicio— comprometió la sostenibilidad administrativa y financiera de varias instituciones. “Se tomaron decisiones de último momento que incrementaron de forma considerable las obligaciones del Estado, sin una planificación responsable”, señaló la funcionaria.
Uno de los señalamientos más relevantes está relacionado con el gasto en alquiler de vehículos, rubro en el que, según Mejía, se destinaron más de 1,400 millones de lempiras. Indicó que este monto resulta excesivo y que ya se inició una revisión detallada de los contratos para determinar responsabilidades y posibles irregularidades.
Asimismo, la designada presidencial denunció anomalías en Canal 8, medio estatal donde —según explicó— se encontraron planillas con alrededor de 1,600 empleados contratados. Sin embargo, al momento de realizar verificaciones físicas, muchos de ellos no fueron localizados en sus supuestos puestos de trabajo. “Es un canal pequeño, y aun así aparecían más de mil seiscientas personas en planilla. No los encontramos, pero estaban cobrando”, afirmó, calificando la situación como un claro abuso de los recursos públicos.
En materia salarial, Mejía también alertó sobre incrementos que consideró desproporcionados. Detalló que algunos empleados ingresaron a la administración pública con sueldos cercanos a los 25 mil lempiras mensuales, pero posteriormente se autorizaron aumentos que elevaron sus ingresos hasta los 70 mil lempiras. Añadió que varios de estos funcionarios también habrían recibido prestaciones laborales, pese a que inicialmente negaban gozar de dichos beneficios.
La funcionaria aseguró que toda esta información está siendo documentada y analizada por los equipos técnicos y legales del actual gobierno, con el objetivo de transparentar la situación financiera real del Estado y, de ser necesario, remitir los hallazgos a las instancias correspondientes. “El pueblo hondureño merece saber cómo se manejaron los recursos públicos y qué compromisos financieros fueron heredados”, subrayó.
Finalmente, Mejía recalcó que la administración actual tiene como prioridad ordenar las finanzas públicas, eliminar privilegios indebidos y garantizar que el uso de los fondos del Estado responda a criterios de eficiencia, legalidad y beneficio colectivo. “No se trata de persecución política, sino de responsabilidad y rendición de cuentas”, concluyó.
