By La adquisición de helicópteros para la Fuerza Aérea Hondureña vuelve a generar cuestionamientos, luego de confirmarse que únicamente dos aeronaves han sido entregadas, pese a que el proyecto original contemplaba la compra de seis y fue presentado como una inversión estratégica para la seguridad y defensa del país.
El programa, impulsado durante la administración anterior, implicó una erogación millonaria y fue ejecutado mediante una compra directa a la empresa Airbus Helicopters. Sin embargo, a la fecha, Honduras solo ha recibido una tercera parte del equipo anunciado, dejando en incertidumbre el destino de los recursos asignados y el paradero de las aeronaves restantes.
Especialistas en temas militares y de seguridad han señalado que los helicópteros adquiridos corresponden al modelo Airbus H145 D3, diseñados para operaciones tácticas, apoyo logístico, lucha contra el narcotráfico y misiones de emergencia. No obstante, advierten que el impacto real del proyecto es limitado mientras la flota permanezca incompleta.
Además de las dudas sobre la entrega de las aeronaves, también existe poca información pública sobre la ejecución del componente de capacitación, que incluía entrenamiento especializado para pilotos y técnicos hondureños. Este aspecto era clave para garantizar la operatividad del equipo, pero hasta ahora no se conocen resultados concretos ni informes oficiales que detallen su cumplimiento.
El tema representa ahora un desafío para el nuevo gobierno, que hereda un proyecto inconcluso y sin claridad administrativa. Analistas consideran necesario que las autoridades de Defensa y la Procuraduría General de la República revisen el estado del contrato, verifiquen el uso de los fondos y expliquen al país si existen retrasos, incumplimientos o responsabilidades administrativas.
Aunque en su momento se anunciaron plazos concretos para completar la entrega total de los helicópteros, la realidad actual muestra un escenario distinto: dos aeronaves en operación y cuatro que siguen sin aparecer en los registros públicos. Un caso que, lejos de cerrarse, abre nuevas interrogantes sobre transparencia, planificación y rendición de cuentas en las compras de alto valor del Estado.
