By El diputado Mario Pérez, jefe de bancada del Partido Nacional, adelantó que en el arranque del nuevo período legislativo podría presentarse una iniciativa orientada a calificar como terrorismo las acciones atribuidas a colectivos afines al partido Libertad y Refundación (Libre).
El planteamiento surge luego de varios episodios de violencia registrados en los alrededores del Congreso Nacional, en los que legisladores como Rolando Contreras y Gladys Aurora López denunciaron haber sido objeto de agresiones mientras se desarrollaban actividades vinculadas a la transición legislativa.
De acuerdo con Pérez, estos grupos habrían dejado de ejercer presión política mediante protestas para adoptar conductas violentas organizadas, lo que —a su criterio— representa una amenaza directa contra la institucionalidad y la seguridad de los representantes electos.
“El Estado no puede ser tolerante con acciones que buscan intimidar o agredir a diputados. Cuando la violencia se convierte en método político, corresponde aplicar la ley con firmeza”, expresó el congresista nacionalista.
El tema se discute en un ambiente marcado por la confrontación política, luego de que a inicios de 2026 se reportaran disturbios en los bajos del Congreso Nacional, donde manifestaciones derivaron en choques con fuerzas del orden y afectaciones a la seguridad del recinto legislativo.
En paralelo, desde sectores de Libre también se han impulsado discursos extremos, incluyendo propuestas para etiquetar como “terroristas” a partidos de oposición como el Nacional y el Liberal, lo que refleja el nivel de tensión que domina el escenario político.
De avanzar la iniciativa planteada por Pérez, esta podría abrir la puerta a sanciones de alto impacto contra los colectivos señalados, tales como la cancelación de su reconocimiento legal, restricciones económicas y la aplicación de figuras penales contempladas en la normativa antiterrorista.
Especialistas en derecho constitucional y ciencia política han advertido que una medida de este tipo podría profundizar la polarización y sentar un precedente sensible, especialmente en un contexto regional donde el uso del concepto de terrorismo ha generado controversias.
Ante este escenario, tanto el Consejo Nacional Electoral como organizaciones defensoras de derechos humanos han pedido moderación, respeto al marco legal y la búsqueda de soluciones políticas a través del diálogo.
Pese a los llamados a la prudencia, la propuesta ya se perfila como uno de los primeros debates de alto voltaje del nuevo Congreso Nacional y apunta a convertirse en un eje central de la agenda legislativa de 2026.
