By La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró responsable internacionalmente al Estado de Honduras por violaciones a los derechos humanos de Leonela Zelaya, una mujer trans que fue víctima de detenciones ilegales y arbitrarias en 2004, así como por serias deficiencias en la investigación de su muerte, ocurrida el 7 de septiembre de ese mismo año.
En la sentencia del caso Leonela Zelaya y otra vs. Honduras, notificada este día, el tribunal determinó que las detenciones sufridas los días 20 de enero, 11 de agosto y 2 de septiembre de 2004 fueron arbitrarias, al haberse basado en una normativa ambigua que otorgaba amplia discrecionalidad a las autoridades, sin una justificación objetiva debidamente acreditada por el Estado.
La Corte concluyó además que Honduras incurrió en una demora injustificada y falta de debida diligencia reforzada en la investigación de la muerte de Leonela Zelaya. Entre las principales falencias señaladas figuran la falta de identificación adecuada de la víctima, la omisión de documentar correctamente la escena del hallazgo del cuerpo, la ausencia de recolección de testimonios relevantes y la falta de exploración de hipótesis vinculadas a la violencia contra mujeres trans, incluyendo su identidad de género como posible móvil del crimen.
Si bien el tribunal no encontró elementos suficientes para atribuir responsabilidad estatal directa por la muerte ni por presuntos actos de tortura durante las detenciones, sí determinó que el Estado desconoció de forma sistemática la identidad y expresión de género de Leonela Zelaya, vulnerando derechos como la personalidad jurídica, la vida privada, el nombre, la libertad personal, la igualdad y la prohibición de discriminación.
La sentencia también estableció la violación de los derechos de Thalía Rodríguez, pareja de Leonela Zelaya durante nueve años, al considerar que la falta de esclarecimiento del caso y la prolongada inacción judicial afectaron sus derechos a las garantías judiciales, la protección judicial y su integridad personal, generándole sufrimientos acreditados en un contexto de discriminación hacia mujeres trans.
Como medidas de reparación, la Corte ordenó al Estado hondureño reabrir e impulsar la investigación para sancionar a los responsables de la muerte, publicar la sentencia, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y adecuar la normativa vigente para que las sanciones contravencionales que impliquen privación de libertad estén claramente definidas en la ley, conforme a estándares constitucionales y de derechos humanos.
