By Por: Marcio Sierra
La transición a la gobernabilidad democrática en Honduras no la quiere permitir el Partido Libre ni tampoco el actual gobierno castromelista y, de momento, buscan agudizar el caos institucional manteniendo capturado políticamente el Estado. La oligarquía familiar Zelaya-Castro ahora ha instruido al presidente del Congreso Nacional (CN), exigirle y confrontar al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que le entregue las actas con el fin de realizar un nuevo conteo, ante lo cual, la presidente de este Consejo, le contradice y le advierte que no lo hará porque le ampara la ley. Asimismo, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerza Armadas advierte al Congreso que respalda al CNE y no va a apoyar la instrucción dada por el presidente del CN.
Visto desde en una perspectiva sociológica (teórica), la gobernanza castromelista que preside la presidente Xiomara Castro, ya no tiene la capacidad del Estado para tomar y ejecutar decisiones legitimas, eficaces y consensuadas, dentro del marco del Estado de derecho y, por ello, apela al irrespeto desvergonzado de los derechos fundamentales que norman en la débil democracia que tenemos. Asumen que por tener instrumentalizadas las instituciones públicas, subordinados los contrapesos del poder y debilitados sistemáticamente los mecanismos de rendición de cuentas, pueden lograr detener el proceso de transición a la nueva gobernabilidad democrática que va a emprender Nasry Asfura. Están erosionando el principio de separación de poderes (O’Donell, 1998), para evitar la instauración del nuevo presidente. Por eso han caído en una dinámica que busca dañar la calidad de la democracia y aumentar la desconfianza ciudadana en el sistema político, al punto que, las Fuerzas Armadas tengan que intervenir y así evitar la transición a la nueva gobernanza democrática.
La gobernabilidad castromelista perdió totalmente la legitimidad porque, aunque hayan asumido el poder por la vía eleccionaria, la han destruido al gobernar a escondidas de la ciudadanía, desconociendo las normas que establece el Estado de derecho, el pluralismo político y estigmatizando a la oposición y a la sociedad civil critica (Diamond, 2008). Los hondureños hemos vivido cuatro años de gobernanza socialista bajo un contexto político de confrontaciones verbales recurrentes, en el que los opositores democráticos se consideran enemigos internos y las voces disidentes son reprimidas causando la polarización social y dificultando la construcción de consensos mínimos para gobernar. Asimismo, no son capaces de ejecutar políticas públicas sostenidas y evaluables. Pero si vivaces para aplicar una gobernanza que impone el control político, aumenta la represión policial y no logra el crecimiento económico inclusivo y el acceso equitativo a los servicios básicos. Tampoco dan resultados tangibles en estas áreas, en consecuencia, refuerzan la ingobernabilidad y el desencanto democrático entre los jóvenes principalmente.
Por otra parte, han hecho caso omiso a la Carta Democrática Interamericana que establece el respeto al orden constitucional, la independencia de poderes públicos y el respeto a las elecciones libre y transparentes que, si bien resultaron ser un éxito; hoy por hoy, los castromelistas no las aceptan y aducen la manipulación del proceso electoral, no obstante que los observadores internacionales confirman que las elecciones se realizaron transparentemente y sin cometer fraude alguno. En otras palabras, los castromelistas quieren perpetuarse en el poder a través de la ruptura de la gobernabilidad democrática.
En conclusión, enfrentamos una contingencia de gobernabilidad democrática como resultado de una dominación política castromelista que rechaza la transición política hacia el Estado de derecho democrático y que nos puede conducir a una nueva modalidad de golpe técnico de Estado.
