By El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, denunció públicamente que el artículo 51 de la Constitución de la República está siendo vulnerado por acciones de algunos diputados del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo, lo que —a su juicio— evidencia un grave deterioro del sistema de pesos y contrapesos en el país.
A través de un mensaje difundido en su cuenta de X, Solórzano señaló que las instituciones del Estado están siendo instrumentalizadas con fines políticos, debilitando el orden constitucional y poniendo en riesgo los principios fundamentales de la República. “El sistema de pesos y contrapesos no está funcionando”, advirtió, al tiempo que expresó su preocupación por la falta de límites al ejercicio del poder.
El titular del CAH fue enfático al sostener que cualquier intento por impedir la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República podría incluso configurar el delito de traición a la patria, al atentar directamente contra los pilares esenciales del Estado hondureño y la democracia representativa.
Solórzano reconoció que existe inconformidad generalizada sobre la forma en que se desarrolló el proceso electoral, tanto en la etapa previa como en la poselectoral, las cuales —afirmó— fueron constantemente saboteadas. No obstante, subrayó que ya existe una declaratoria oficial y que esta solo puede ser anulada o modificada mediante los mecanismos legales establecidos.
En ese sentido, recordó que cualquier reforma o decisión en materia electoral requiere el respaldo de al menos 86 votos de los 128 diputados del Congreso Nacional, tal como lo establece la Constitución. Sin ese requisito, enfatizó, cualquier acción carece de validez legal, es nula e inconstitucional, y conlleva responsabilidad penal para quienes la promuevan o ejecuten.
El presidente del CAH afirmó que, ante el actual clima de incertidumbre, la esperanza del país descansa en la institucionalidad de las Fuerzas Armadas de Honduras, a quienes la Constitución —en su artículo 272— asigna el deber de garantizar la alternabilidad en el poder y una sucesión ordenada del mismo.
Asimismo, Solórzano hizo un llamado directo al Tribunal de Justicia Electoral (TJE) para que actúe conforme a derecho, apegado estrictamente a la Constitución y la ley, y que evite improvisaciones o decisiones motivadas por conveniencias políticas que profundicen la crisis institucional.
Finalmente, reiteró que Honduras merece respeto a la Constitución, a la institucionalidad y al mandato ciudadano expresado en las urnas, y exhortó a poner fin a lo que calificó como ataques directos a la democracia. “No más atropellos al orden constitucional”, concluyó.
