By La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) emitió este domingo un pronunciamiento de alto rigor técnico-jurídico en el que analiza y valora la petición de nulidad general de las elecciones presentada por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE).
El documento, dirigido al pueblo hondureño, a la comunidad universitaria, a los Poderes del Estado y a la comunidad internacional, marca una postura categórica: anular unas elecciones sin prueba plena equivale a vulnerar la soberanía popular.
La UNAH realizó un examen basado en la Constitución, la Ley Electoral, la Ley Procesal Electoral, tratados internacionales sobre derechos políticos y doctrina constitucional comparada, subrayando que la nulidad electoral es una figura excepcional, restrictiva y de última ratio.
La nulidad: un mecanismo extraordinario, no un recurso político
El pronunciamiento aclara que la nulidad electoral solo procede cuando existe evidencia objetiva, plena y determinante de que el voto popular fue jurídicamente destruido mediante fraude estructural.
“La nulidad no es un mecanismo ordinario para impugnar derrotas políticas”, señala la UNAH, en un mensaje implícitamente crítico hacia la estrategia asumida por LIBRE.
Añade que la institución está diseñada exclusivamente para proteger al soberano cuando su voluntad ha sido reemplazada por fraude comprobado, no por alegaciones genéricas o inconsistencias no demostradas
La soberanía popular como límite absoluto: un mensaje directo a quienes impulsan la nulidad
Uno de los puntos centrales del análisis recuerda que el artículo 2 de la Constitución establece que la soberanía reside únicamente en el pueblo, por lo que ninguna autoridad puede anular un proceso electoral sin evidencia concluyente de fraude estructural.
“Anular elecciones sin acreditar la destrucción jurídica de la voluntad popular constituiría un desconocimiento indirecto de la soberanía”, advierte categóricamente la UNAH.
El mensaje se interpreta como un llamado de atención a las dirigencias de LIBRE, cuyos argumentos, según la institución, no cumplen los estándares mínimos exigidos por la ley.
El principio de conservación del acto democrático
La máxima casa de estudios enfatiza que el derecho electoral obliga a preservar el voto válidamente emitido, corregir fallas técnicas mediante auditorías o recuentos y subsanar irregularidades formales.
Solo cuando el daño a la voluntad popular es generalizado, insubsanable y determinante del resultado, procede una nulidad general.
En ese sentido, una anulación sin prueba estructural de fraude, como la que propone LIBRE, “violaría la seguridad jurídica y el funcionamiento del sistema democrático”, alerta la institución.
UNAH desestima punto por punto los argumentos de LIBRE
Tras un análisis exhaustivo, la Universidad concluye que la solicitud presentada por LIBRE carece de sustentación técnica y jurídica. Entre los hallazgos principales:
El TREP no tiene valor decisorio y, por tanto, no puede usarse como base para solicitar nulidad.
Las inconsistencias numéricas no fueron individualizadas, ni demostradas como determinantes del resultado.
La biometría no es un requisito constitucional del voto.
Las denuncias de violencia no fueron acreditadas como generalizadas, ni se probó que hayan alterado la votación.
La supuesta injerencia extranjera no constituye causal de nulidad conforme a la legislación nacional.
El documento concluye que la demanda de LIBRE presenta insuficiencia probatoria, carece de delimitación territorial de irregularidades y no establece un nexo causal entre los señalamientos y el resultado electoral nacional.
La solicitud no supera el test de constitucionalidad
El análisis constitucional reforzado aplicado por la UNAH es contundente: la petición de nulidad vulnera la soberanía popular, no demuestra afectación real a la autenticidad del sufragio, desconoce la igualdad del voto, rompe la seguridad jurídica, viola el principio de conservación del acto público y genera inestabilidad política.
En suma, la institución afirma que la nulidad general solicitada por LIBRE es incompatible con el Estado constitucional de derecho.
Conclusión: un llamado a defender la voluntad popular
La UNAH cierra su pronunciamiento recordando que la defensa del sufragio y de la estabilidad institucional exige decisiones basadas en prueba plena, no en alegaciones insuficientes ni en interpretaciones políticas.
El mensaje final es claro y contundente: la preservación del resultado electoral válidamente producido es un pilar esencial de la democracia hondureña, y cualquier intento de desconocerlo sin evidencia determinante representa un grave retroceso institucional.
