By El gobierno de Trump nuevamente busca el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para decenas de miles de inmigrantes de Haití. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) aseguró en su página que acabará el 3 de febrero de 2026.
“Tras consultar con aliados de distintas agencias, la secretaria Noem concluyó que Haití ya no cumple con los requerimientos del estatuto del TPS”, se lee en una nota de prensa en la página de USCIS, que dice que los ciudadanos de ese país que no tengan otro proceso migratorio andando, deberán marcharse de Estados Unidos para esa fecha.
La notificación fue publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el Registro Federal. En ella aseguran que la protección estará vigente hasta las 11:59pm del 3 de febrero de 2026.
Pese a las condiciones del país —que incluso se reconocen en el anuncio del DHS—, el documento introducido en el Registro Federal explica que la secretaria de seguridad nacional, Kristi Noem, “ha determinado que no existen condiciones extraordinarias y temporales en Haití que impidan que los nacionales de Haití puedan retornar de forma segura”.
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En la notificación se explica que “aún si el Departamento halló que existían condiciones que fueron extraordinarias y temporales (…) el fin del Estatus de Protección Temporal de Haití es requerido porque es contrario al interés nacional de Estados Unidos permitir que los originarios de Haití se queden temporalmente en Estados Unidos”.
Los intentos por terminar el TPS de Haití
El TPS para los ciudadanos de Haití había sido extendido en 2024 por el expresidente Joe Biden al citar “crisis simultáneas en lo económico, seguridad, política y salud”, con una mayor actividad de pandillas y la ausencia de un gobierno que pueda controlar al país. La extensión les otorgaba protección temporal contra la deportación hasta el 3 de febrero de 2026.
Pero en junio, la secretaria Noem anunció el fin de este TPS, una medida que fue bloqueada en julio por un juez.
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Haití, el país más pobre de América Latina, ha sufrido por años una escalada de violencia de las bandas organizadas, que cometen saqueos, asesinatos, violaciones y secuestros, en un contexto de inestabilidad política.
La situación ha empeorado desde marzo de 2024. Para entonces, el principal líder pandillero del país advirtió que si el primer ministro, Ariel Henry, no renunciaba se desataría “una guerra civil que terminará en genocidio”. Henry dimitió, y en su anuncio dijo que se formaría un consejo de transición en el país.
En un reporte para noviembre de ese año, la Organización Internacional para la Migración (OIM) calculaba que más 1,4 millones de personas habían sido desplazadas internamente y que 93% de esos movimientos se debían a la violencia en Haití.
En el anuncio de DHS se reconoce la persistencia de estos problemas. El documento cita un briefing sobre Haití realizado a finales de agosto por la embajadora de Estados Unidos a cargo ante las Naciones Unidas en el que aseguraba que aún existía preocupación por la escalada en los niveles de violencia y por la expansión territorial y dominio de las pandillas.
Sin embargo, explican que pese a esas condiciones “hay partes del país a las que se puede volver”.
Coinciden con las conclusiones a las que llegó el gobierno de Biden sobre la ingobernabilidad en la que se encuentra Haití. Pero a diferencia de 2024, el DHS explica ahora que la imposibilidad de “acceder a agencias del orden o a información de seguridad” les lleva a concluir que eso “limita de forma severa la capacidad del gobierno de Estados Unidos para revisar y vetar a haitianos con Estatus de Protección Temporal”.
