By El Instituto de la Propiedad (IP) realizó la entrega de 372 títulos de propiedad en el municipio de San Francisco de Becerra, Olancho, con la visita especial del Secretario Privado de la presidenta, Héctor Zelaya y la ministra de la presidencia, Sarahí Cerna, quienes llegaron a supervisar personalmente la jornada y celebrar con los beneficiarios la buena noticia de obtener la legalidad sobre sus tierras.
Durante la actividad, ambos funcionarios compartieron con las familias de los caseríos Laguna Seca, Rancho Viejo y Pueblo Viejo, escuchando testimonios y reafirmando que el acceso a la tierra y la vivienda digna es un derecho garantizado por su Gobierno, no un privilegio.
Esta entrega representa un nuevo avance en el compromiso del Gobierno del Socialismo Democrático con la seguridad jurídica y la justicia social, beneficiando a 93 hombres, 214 mujeres, 9 personas jurídicas y 56 comuneros, mediante el mecanismo de prescripción implementado por el Instituto de la Propiedad.
El evento da continuidad al histórico acto desarrollado recientemente en San Pedro Sula, Cortés, donde se entregaron 3,500 títulos de propiedad en presencia de la Presidenta Castro. Con esta nueva jornada, el Gobierno suma ya más de 37,600 títulos otorgados entre 2022 y 2025, beneficiando directamente a igual número de familias e impactando positivamente a más de 179,000 hogares en todo el país.
El Instituto de la Propiedad, bajo la dirección del abogado Francisco Bocanegra, reafirma su compromiso de seguir acercando los servicios del Estado al pueblo hondureño, llevando seguridad jurídica y oportunidades a cada rincón del país. En las próximas semanas, las entregas continuarán en Choloma (Cortés), El Porvenir (Francisco Morazán), Olanchito (Yoro) y Lepaera (Lempira), consolidando así un proceso histórico de regularización territorial que promueve desarrollo y estabilidad para miles de familias.
Cada título entregado representa el cumplimiento de una promesa del Gobierno del Socialismo Democrático, encabezado por la Presidenta Xiomara Castro, de garantizar el derecho de los hondureños a una tierra segura y legal, fortaleciendo la justicia social, la transparencia y el bienestar del pueblo.
