By Por: Hernán Argüello
Cuando Xiomara Castro asumió la presidencia, lo hizo bajo la bandera de la refundación, la justicia y el cambio. Tres años después, la ilusión se ha desvanecido. El costo de vida golpea como nunca a las familias, la pobreza no cede, la migración continúa, y la corrupción sigue incrustada en la estructura del Estado.
Las promesas de un gobierno distinto se estrellaron contra una realidad marcada por nepotismo y concentración de poder. La familia presidencial ocupa espacios clave, y el Congreso, presidido por Luis Redondo, ha renunciado a su independencia para convertirse en apéndice del Ejecutivo. La consecuencia ha sido una parálisis de gobernabilidad que hunde al país en incertidumbre.
El pueblo no votó por más de lo mismo. No votó por redes clientelares recicladas ni por privilegios familiares. Votó por un cambio que nunca llegó. Y en democracia, cuando el contrato social se rompe, la legitimidad se agota.
Además, la indignación ciudadana se alimenta de símbolos concretos, entre otros: el peaje, que sigue asfixiando a quienes apenas sobreviven, y la tasa de seguridad, que se recauda en nombre de la protección ciudadana pero nunca se tradujo en seguridad real. Son recordatorios simples de cómo el pueblo paga siempre, mientras la clase política promete en campaña, y luego se protege entre sí bajo un manto marañas para seguir lapidando el presupuesto del Estado.
A ello se suman otras promesas incumplidas que golpean la vida cotidiana: la rebaja en la tarifa de energía eléctrica que nunca llegó; el control del precio de los combustibles que quedó en discurso; la creación de empleos dignos y oportunidades para jóvenes que jamás se materializó; hospitales aún desabastecidos a pesar de promesas de medicinas gratuitas; escuelas públicas abandonadas y sin becas suficientes; y la gran bandera de la lucha contra la corrupción —la instalación de la CICIH— que hasta hoy no pasa de ser un compromiso vacío.
Frente a este fracaso, algunos pretenden vender como alternativa el retorno del Partido Nacional. Pero Honduras ya conoce ese libreto: doce años de saqueo, impunidad y cinismo político. Tito Asfura no representa renovación, sino continuidad de un modelo que empobreció al país y desmanteló las instituciones. Volver a esa ruta sería clavar otro clavo en el ataúd de la república.
La opción verdadera de cambio se encuentra en Salvador Nasralla. Independiente de los viejos pactos de corrupción, con una trayectoria marcada por la denuncia y la transparencia, Nasralla es el único con credibilidad real para articular una nueva mayoría ciudadana que devuelva confianza al sistema. Su liderazgo no es perfecto, pero su independencia lo convierte en el punto de partida para reconstruir la esperanza.
Honduras no puede esperar al 2029 para corregir el rumbo. Cada día perdido significa más hambre, más migración, más frustración. Por eso urge una nueva elección, no como capricho político, sino como una necesidad vital para rescatar el futuro.
El tiempo de la paciencia terminó. La ciudadanía debe decidir si seguirá tolerando gobiernos que incumplen, o si levantará la voz para exigir dignidad y honestidad en el poder. Apoyar a Nasralla no es solo respaldar a un candidato, es respaldar la posibilidad de un país distinto.
La historia nos mira. El pueblo debe elegir de nuevo. Y esta vez, elegir bien.
