By Por: Marcio Enrique Sierra Mejía
El Canal 8 es un medio de comunicación televisiva estatal que le pertenece a los ciudadanos que pagan impuestos. Es un medio público que da su servicio para mantener informado y entretenidos con programas educativos, culturales y patrióticos al pueblo, garantizando pluralidad e información equilibrada. Sin embargo, la gobernanza castromelista, lo utiliza para promover la figura de la precandidata presidencial Rixi Moncada. Constantemente, trasmiten sus discursos, sus entrevistas y sus apariciones públicas, sin cotejar y comparar, ni dar espacio a voces críticas, que demuestren diferencias y semejanzas en el espacio televisivo. En lugar de servir al interés nacional, se emplea como plataforma política para posicionar a Moncada como la supuesta heredera de la refundación impulsada por el Partido Libre.
Este uso partidista de un medio estatal constituye un abuso de poder. Los recursos públicos, financiados con los impuestos de todos los hondureños, se destinan a fines electorales particulares, lo cual rompe con el principio de igualdad democrática y limita el derecho ciudadano a una información imparcial. Lo mas preocupante es que esta acción abusiva refuerza la concentración de poder y erosiona la confianza en las instituciones. El canal 8, que debería ser un espacio de comunicación nacional, lo han convertido en un megáfono propagandístico que beneficia el proyecto político de la oligarquía Zelaya-Castro y de su aliado el Partido Libre.
Honduras necesita medios públicos que informen con independencia, no que funcionen como aparatos de campaña. Ha convertido al Canal 8 en herramienta proselitista, una evidencia clara del autoritarismo y el desprecio por la transparencia democrática.
La Constitución de la Republica establece en su Articulo 45 que “se prohíbe la discriminación por cualquier motivo” y en el Articulo 321 que “los servidores del Estado no tienen mas facultades que las que expresamente le confiere la ley, y todo abuso de poder será sancionado”. Asimismo, el Artículo 222 dispone que los bienes del Estado deben ser administrados con transparencia y únicamente en beneficio del interés público. El uso del Canal 8 para favorecer a una candidatura política viola claramente estos principios.
