By Informe de Derechos Humanos de Honduras 2024
Resumen Ejecutivo
No hubo cambios significativos en la situación de derechos humanos en Honduras durante el año.
Los problemas importantes en materia de derechos humanos incluyeron informes creíbles de: asesinatos arbitrarios o ilegales; desapariciones; tortura o tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes; detención o arresto arbitrario; y graves restricciones a la libertad de expresión y de prensa, incluidas amenazas contra miembros de los medios de comunicación por parte de elementos criminales.
El gobierno tomó medidas creíbles para identificar y sancionar a funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, pero la falta de recursos en la fiscalía, la debilidad del sistema judicial, la interferencia política y la corrupción fueron grandes obstáculos para obtener condenas.
Grupos criminales, incluidos pandillas locales y transnacionales y narcotraficantes, fueron responsables significativos de delitos violentos, cometiendo homicidios, torturas, secuestros, extorsión, trata de personas, intimidación y otras amenazas y actos de violencia contra defensores de derechos humanos, autoridades judiciales, abogados, empresarios, periodistas, blogueros, mujeres, sindicalistas y otras poblaciones vulnerables. El gobierno investigó y procesó algunos de estos delitos, pero la impunidad fue generalizada.
Sección 1. Derecho a la Vida
a. Ejecuciones Extrajudiciales
Se registraron numerosos informes de que el gobierno o sus agentes cometieron asesinatos arbitrarios o ilegales durante el año. El Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), un ente semiautónomo cuasigubernamental, reportó que diversas fuerzas de seguridad cometieron seis asesinatos arbitrarios o ilegales. El Ministerio Público informó sobre tres casos, que involucraban al menos a cinco miembros de la Policía Nacional de Honduras. No hubo más información pública disponible sobre estos incidentes.
CONADEH reportó dos asesinatos de activistas de derechos humanos por parte de atacantes desconocidos hasta octubre: Luis Alonso Teruel Vega, reportero que cubría temas ambientales, incluida la deforestación, y Juan López, reconocido defensor ambiental. En el caso de López, hubo tres arrestos y la investigación sobre posibles cómplices continuaba en noviembre.
b. Coerción en el Control de la Población
No se reportaron casos de aborto forzado o esterilización involuntaria por parte de autoridades gubernamentales.
Sección 2. Libertad
a. Libertad de Prensa
La ley garantiza la libertad de expresión, incluso para los miembros de la prensa y otros medios, con algunas restricciones, y el gobierno generalmente respetó este derecho. Aunque muchos medios estaban políticamente alineados, la prensa y las normas democráticas vigentes contribuyeron a promover la libertad de expresión. Algunos dueños de medios afirmaron que fueron excluidos de eventos oficiales y privados de ingresos por publicidad gubernamental como represalia por coberturas consideradas críticas al gobierno.
Altos funcionarios criticaron a organizaciones de la sociedad civil y a miembros de la comunidad internacional por comentarios percibidos como contrarios al gobierno. Organizaciones civiles señalaron que estas declaraciones generaron un efecto inhibidor en la libertad de expresión. CONADEH reportó dos casos de restricciones al derecho a la libre expresión por parte de fuerzas de seguridad y un caso relacionado con amenazas o acoso contra periodistas y comunicadores sociales por funcionarios públicos. La Fiscalía Especial de Derechos Humanos informó dos casos de amenazas contra periodistas.
Ataques Físicos, Encarcelamiento y Presiones
Periodistas y otros miembros de la sociedad civil dijeron que se autocensuraban por temor a críticas, hostigamiento o represalias del gobierno y sus simpatizantes. Otros denunciaron actos directos de intimidación o amenazas de violencia por parte de funcionarios o simpatizantes del gobierno. Organizaciones civiles criticaron la falta de investigaciones efectivas ante amenazas e incidentes violentos. CONADEH reportó dos casos de ataques violentos y dos casos de violencia y difamación contra periodistas y comunicadores.
La comunicadora social Magaly Zelaya Ferman fue agredida por fuerzas de seguridad mientras cubría un bloqueo de carretera durante una protesta en septiembre.
Censura por parte del Gobierno, Fuerzas de Seguridad o Grupos Criminales
Miembros de la prensa y ONG señalaron que los medios se autocensuran por temor a represalias de grupos criminales o narcotraficantes, o por críticas de funcionarios. También se evitaba la crítica para no perder contratos publicitarios gubernamentales.
El 13 de marzo, el ministro de Seguridad criticó a una ONG por sus reportes sobre la situación del país y las políticas del gobierno, y anunció una investigación sobre su estatus legal. Algunos periodistas y activistas reportaron amenazas de grupos criminales, aunque no siempre estaba claro si estaban vinculadas a su labor profesional. Varias páginas anónimas en redes sociales atacaron a periodistas, activistas y organizaciones que criticaban al gobierno o a partidos opositores.
b. Derechos Laborales
Libertad de Asociación y Negociación Colectiva
La ley reconoce el derecho de los trabajadores a formar y unirse a sindicatos, negociar colectivamente y declararse en huelga, y prohíbe represalias patronales contra sindicalistas. Sin embargo, impone restricciones como un mínimo de 30 trabajadores para formar un sindicato, prohibir que extranjeros ocupen cargos sindicales y exigir que los dirigentes trabajen en el mismo rubro de los empleados que representan. Militares, policías y ciertos funcionarios públicos tienen prohibido sindicalizarse.
La ley obliga al empleador a negociar colectivamente con el sindicato más grande en caso de que haya varios. Limita el derecho de huelga al exigir mayoría de dos tercios entre sindicalizados y no sindicalizados, y prohíbe huelgas antes de agotar la mediación oficial. El Ministerio de Trabajo puede declarar ilegal una huelga y permitir sanciones, incluyendo despidos.
El gobierno no aplicó la ley de forma efectiva. Los empleadores con frecuencia se negaron a acatar órdenes de reincorporar a trabajadores despedidos por actividades sindicales, y el Ministerio carecía de personal y transporte para verificar el cumplimiento.
ONG y sindicatos reportaron despidos de líderes sindicales, amenazas policiales y evasión de negociación colectiva mediante contratos temporales. La impunidad en casos de violencia contra sindicalistas era alta.
Condiciones Laborales
La ley establece salario mínimo, jornada máxima de 8 horas y 44 horas semanales, pago de horas extra y vacaciones. No cubre a trabajadoras domésticas, en su mayoría mujeres. En sectores como agricultura, servicio doméstico y seguridad, no se respetaban derechos laborales, y en algunos casos se trabajaban más de 60 horas semanales pagándose solo 44.
Las normas de salud y seguridad ocupacional son adecuadas, pero su aplicación es débil, especialmente en construcción, maquila, agricultura y economía informal. El 58 % de los trabajadores se encuentran en la informalidad, sin protección del código laboral.
c. Desapariciones y Detenciones Arbitrarias
CONADEH reportó siete desapariciones forzadas atribuibles a autoridades. La ley prohíbe arrestos arbitrarios y garantiza el derecho a impugnar detenciones, pero se registraron casos debido al estado de excepción.
La detención preventiva prolongada sigue siendo un problema grave: 8,945 personas estaban presas esperando juicio. Muchos detenidos excedieron el tiempo máximo de prisión preventiva, e incluso algunos siguieron presos después de cumplir su condena o ser absueltos por retrasos administrativos.
Sección 3. Seguridad de la Persona
a. Tortura y Tratos Crueles
Pese a estar prohibida por ley, hubo informes creíbles de abusos por parte de fuerzas de seguridad. El Ministerio Público reportó 26 casos de tortura y CONADEH 37. Hubo además reportes de violación y violencia sexual cometida por agentes. En total, se documentaron más de 100 casos de tratos crueles o inhumanos.
Se registraron 21 muertes de reclusos bajo custodia, cinco de ellas por violencia. La corrupción, la falta de recursos investigativos y las demoras judiciales contribuyeron a la impunidad.
b. Protección de la Niñez
La edad mínima legal para casarse es 18 años, pero no se aplica de forma efectiva. El 34 % de las niñas y el 12 % de los niños se casan antes de esa edad, sobre todo en áreas rurales.
c. Protección a Refugiados
El gobierno coopera con ACNUR y otras agencias para asistir a solicitantes de asilo y refugiados, con apoyo logístico y de capacitación.
d. Antisemitismo
La comunidad judía en Honduras cuenta con unas 150 personas. No se reportaron incidentes antisemitas.
- UU. SEÑALA IMPUNIDAD, VIOLENCIA Y ATAQUES A LA PRENSA EN SU INFORME DE DERECHOS HUMANOS SOBRE HONDURAS 2024
