By La violencia cobró tres vidas de tres estudiantes de un colegio sampedrano (Intae), quienes fueron raptados la noche del viernes 25 de julio cuando se dirigían a realizar tareas escolares en grupo en la colonia La Pradera de San Pedro Sula, Cortés.
Según el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), Hugo Maldonado, este hecho debe considerarse una nueva masacre, evidenciando el alarmante grado de violencia juvenil y la fragilidad de la seguridad pública en el país.
“La situación de seguridad es un problema estructural. Hay sectores en la costa norte donde los pobladores no pueden entrar a zonas vecinas sin poner en riesgo su vida”, advirtió Maldonado.
Víctimas inocentes
Los estudiantes, todos cursando el octavo grado en el Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (INTAE), fueron interceptados por hombres armados cuando se movilizaban en un taxi hacia la casa de un compañero para completar una tarea en grupo.
Las víctimas no eran residentes del sector, lo que se presume pudo haber motivado su ataque.
Fueron llevados por la fuerza hasta un solar baldío en la colonia Reparto Lempira, donde se presume fueron atacados con armas de fuego.
Dos de ellos murieron en el lugar y uno más fue trasladado en estado crítico a un centro asistencial.
Una de las víctimas ha sido identificada como Brayan Josué Núñez Pineda, de 17 años, residente en la colonia Guaruma 2 de La Lima, Cortés.
El segundo fallecido ha sido identificado únicamente como Luis, falleció en un centro asistencial.
Exigen acción inmediata
El brutal crimen ha desatado consternación entre la población y ha puesto nuevamente en evidencia la urgencia de replantear las políticas de seguridad y promover una mayor vigilancia e involucramiento de los padres en la vida de sus hijos.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han exigido al Estado investigaciones rápidas y transparentes, así como acciones concretas para proteger a la niñez y juventud hondureña, que cada vez más se ve atrapada entre la violencia y la impunidad.
Este trágico suceso vuelve a encender las alarmas sobre la creciente vulnerabilidad de los jóvenes en contextos urbanos, incluso cuando simplemente intentan ejercer su derecho a la educación.
