By La Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) criticó fuertemente la falta de acción del Ministerio Público frente a las denuncias de presunta corrupción en la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacit), relacionada con una polémica adjudicación de 12.5 millones de lempiras para la compra de computadoras portátiles.
Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la ASJ, cuestionó que el ente acusador del Estado aún no haya iniciado una investigación formal sobre el caso. “A estas alturas ya deberíamos estar hablando de un proyecto de requerimiento fiscal”, expresó, al señalar que la inacción del MP deja un vacío en el combate preventivo a la corrupción.
La denuncia pública gira en torno a la adquisición de 496 laptops a un precio unitario de 25,200 lempiras, a través de una licitación nacional en la que fue favorecida la empresa Dicomarca (Diseños y Construcción de Obras Civiles Marca S. de R. L.), una firma con nula experiencia en el rubro tecnológico. Reportes periodísticos y un informe de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción (STLCC) revelaron además que Dicomarca presentó la segunda oferta más cara, mientras que otra compañía ofertó por cerca de la mitad del valor adjudicado.
“Lo preocupante es que, incluso con una denuncia pública y un informe oficial en manos, el Ministerio Público no actúe de oficio”, recalcó Castañeda. Según el dirigente, el Estado carece de un sistema eficaz de alertas tempranas y coordinación institucional, lo cual permite que posibles actos de corrupción avancen sin consecuencias.
“El Ministerio Público no puede seguir esperando informes administrativos para actuar. Por la magnitud del monto involucrado y las irregularidades visibles, ya debería haberse iniciado una investigación penal formal”, agregó.
Castañeda insistió en que el MP debe determinar si hubo sobrevaloración o fraude, y responsabilizar a los funcionarios públicos que hayan tenido participación directa o indirecta en el proceso.
Finalmente, el representante de ASJ subrayó que la falta de coordinación entre el Ministerio Público, la Secretaría de Transparencia y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) está debilitando la capacidad del Estado para enfrentar la corrupción. “Este caso es una muestra clara de cómo la impunidad se sostiene por la inacción institucional”, concluyó.
