By Por: Marcio Enrique Sierra Mejía
El castromelismo refundacional pretende ejercer o está ejerciendo maniobras institucionales, narrativas y operativas para controlar y manipular políticamente el proceso electoral y, pone en entredicho, la legitimidad del sistema democrático hondureño. Ya iniciaron la captura del aparato electoral, tanto del Consejo Nacional Electoral como del Tribunal de Justicia Electoral, al nombrar militantes leales al Partido Libre en estos órganos. Al establecer cuotas partidarias, debilitan la credibilidad de estas instancias. Mienten al hablar de transparencia en sus discursos, porque en la práctica, le van quitando la independencia a tales organismos, sobre todo ahora que, estamos muy cerca de ejercer los comicios generales en noviembre 2025.
Cuidado y seremos testigos de unas elecciones orquestadas desde el oficialismo, precisamente por el control que va ejerciendo el Partido Libre, sobre los funcionarios clave del CNE, como Marlon Ochoa y otros que ya tienen posicionados al interior de este organismo y siguen las directrices del castromelismo al pie de la letra. Están manipulando el censo electoral y el proceso de identificación ciudadana, en la entrega del nuevo Documento Nacional de Identificación (DNI), principalmente en zonas controladas por células del Partido Libre. Realizan la entrega selectiva del DNI, han creado irregularidades en los padrones, para inflar o depurar el censo electoral de forma dirigida. En los departamentos como Colón, Olancho y Yoro han detectado patrones atípicos de registro y reubicación de votantes, lo cual facilita maniobras como el traslado electoral fraudulento o la duplicación de votantes fantasmas.
Utilizan fondos del erario público, provenientes de los impuestos que pagamos, para comprar voluntades y aumentar el clientelismo estatal. Son eficaces para instrumentalizar los programas sociales y convertirlos en dispositivos de control electoral. Tales como, el Bono Bicentenario, los subsidios a la energía y el gas, empleos en instituciones como las secretarias de Desarrollo Social, Educación y Salud, en las que hay empleados dedicados a condicionar el voto, principalmente en zonas rurales y de alta pobreza. Es una práctica sistemática para fomentar la lealtad al Partido Libre y su caudillo Manuel Zelaya y, que lo hacen descaradamente, utilizando los fondos públicos con fines proselitistas. Esta situación ya ha sido denunciada por el Foro Nacional de Convergencia (FONAC) en su informe 2023, en el cual, advierten la conversión del Estado en aparato electoral del oficialismo. Se puede apreciar que han instaurado la narrativa de persecución y victimización política. Con el fin de hacer valer sus posturas ante la oposición y desviar la atención de sus propias irregularidades. Aplican la doble moral, porque se presentan como víctimas de sabotajes mediáticos y judiciales, a la vez que ejercen, la persecución contra lideres opositores, jueces y periodistas críticos, creando un ambiente de intimidación previo a las elecciones. Ya hay organismos internacionales como Human Rights Watch y la Sociedad de Prensa (SIP) que han expresado que en Honduras, existe un clima de intolerancia y restricción a la libertad de expresión. Nos están encaminando hacia una elección sin garantías democráticas, debilitando las condiciones para tener una elección libre, transparente y justa.
Hay quienes creemos que el Plan B de la oligarquía familiar Zelaya-Castro, es instaurar la Asamblea Constituyente en caso de confirmar que no tienen posibilidades reales de ganar las elecciones generales, porque es una acción que facilitaría el mantenimiento del poder bajo la dominación castromelista. El castromelismo opera en función de crear desgaste institucional, ausencia de observación internacional sólida, uso de estructuras paralelas de comunicación y movilización (como redes sociales y comandos de base) con el propósito de imponer prácticas autoritarias con ropaje democrático. Lo que presagia que el fraude electoral no se limita a la manipulación del voto el día de las elecciones. Están construyendo previamente la erosión de la democracia para asegurar el fraude electoral.
