By El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), advirtieron que el conflicto en el Consejo Nacional Electoral (CNE), sobre el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), va más allá de un desacuerdo técnico, ya que implica una disputa estructural sobre las reglas mínimas del juego democrático para las elecciones generales de noviembre de 2025.
El conflicto actual ya impacta el proceso electoral: desconfianza entre las instituciones, acusaciones de fraude anticipado y la falta de una normativa común que erosiona la confianza pública.
La falta de consensos sobre el TREP representa un riesgo estructural para la integridad del proceso, ya que es clave para visibilizar la voluntad popular el día de las elecciones. Sin un acuerdo legítimo, aumentan las impugnaciones y las narrativas confrontadas, socavando la aceptación de los resultados del 30 de noviembre, indicaron.
La Ley Electoral establece límites claros que no pueden ser modificados sin base legal, como el artículo 279, que exige aprobar por consenso y con al menos seis meses de antelación los lineamientos del TREP. Esta disposición delimita plazos e impone un estándar de legalidad y legitimidad que está siendo desatendido. Sin consenso sobre los términos de referencia del TREP, el CNE incumple su obligación legal, comprometiendo la transparencia del proceso y la confianza pública en sus resultados.
Además, los artículos 266 y 278 indican que el escrutinio y la divulgación de resultados deben realizarse con las actas de cierre de las JRV y por sus miembros. Delegar funciones en personal externo sin respaldo legal vulnera el principio de legalidad electoral, desnaturaliza la soberanía popular y debilita el control ciudadano sobre el conteo de votos.
La legitimidad del proceso exige reglas previamente definidas, aceptadas por todos los actores y un compromiso colectivo con los resultados, incluso si estos no favorecen a todos los participantes. Decisiones unilaterales, sin legalidad ni consenso sobre el TREP ponen en duda la validez del proceso y amenazan la gobernabilidad democrática.
Por lo tanto, exhortaron a revisar de forma urgente y pública el pliego de condiciones del TREP, garantizando la legalidad y la participación de los tres consejeros del CNE.
De igual manera, establecer un acuerdo político-electoral vinculante que defina claramente el sistema de transmisión de resultados preliminares y sus mecanismos de control, con el respaldo de todas las fuerzas políticas.
Solicitar el acompañamiento técnico de organismos especializados y misiones de observación internacionales para asegurar un proceso transparente, creíble y auditable.
Si no se toman estas medidas, el proceso electoral podría no concluir con legitimidad el 30 de noviembre, generando votos y resultados, pero sin certeza ni aceptación, poniendo en riesgo la estabilidad del ya debilitado pacto democrático hondureño. La democracia implica aceptar tanto ganar como perder, pero esa confianza solo se construye si se respetan las reglas y quienes las administran. El tiempo para fortalecer esa confianza se agota, cerraron.
