By Las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA.) decidieron no asumir el resguardo de las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), pese a que la Constitución de la República les asigna la misión de garantizar la alternabilidad en el ejercicio del poder.
La solicitud formal fue realizada por la consejera presidenta del CNE, Cossette López, a raíz de las tensiones generadas por la toma de las instalaciones por parte de simpatizantes del partido Libre, quienes interrumpieron el proceso de licitación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
Sin embargo, en un oficio fechado el 8 de julio, el jefe del Estado Mayor Conjunto, General Roosevelt Hernández, respondió que la solicitud debía dirigirse a la Secretaría de Seguridad, indicando que es la Policía Nacional la institución competente para brindar protección a edificios públicos.
Aunque el general Hernández subraya que las Fuerzas Armadas están disponibles para proteger la soberanía nacional y acompañar los procesos electorales, la negativa ha sido interpretada por diversos sectores como una evasión de una responsabilidad clave en momentos de alta tensión política.
El artículo 272 de la Constitución de la República establece de forma clara que las Fuerzas Armadas tienen entre sus funciones la defensa de la soberanía, la integridad territorial y garantizar el libre ejercicio del sufragio y la alternabilidad en el poder.
Este hecho ha generado preocupación en sectores democráticos que consideran la respuesta de las Fuerzas Armadas como un retroceso institucional y una señal de desentendimiento en medio de un proceso electoral con crecientes signos de presión y conflicto.
Mientras el CNE enfrenta una crisis interna y fuertes presiones externas, el Ejército se mantiene al margen. Y aunque asegura estar dispuesto a acompañar el proceso electoral, opta por retirarse en el momento en que su respaldo resulta más necesario.
