By El Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP-CONAPREV), registró que hay al menos 60 posibles casos de tortura por parte de diferentes fuerzas del Estado en contra de personas detenidas.
Es importante reconocer el avance significativo en relación al acceso a la justicia para la victima de la tortura tratos crueles, inhumano o degradantes (TCID) ya que el Estado de Honduras aceptó la competencia del Comité contra la Tortura establecida en el artículo de 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT), el 22 de julio del 2024, la cual tiene la finalidad de recibir y examinar comunicaciones individuales sometidos a su jurisdicción, que contribuye a los esfuerzos de acceso a la justicia, sancionar y reparar los actos constitutivos de TCID.
El MNP-CONAPREV observa con preocupación que, aún persisten prácticas por parte de las diferentes fuerzas del Estado que podrían constituir actos de tortura o malos tratos (TCID). En lo que va del presente período, se han registrado 60 posibles casos de tortura, lo que evidencia la necesidad de continuar fortaleciendo la cultura de la Prevención contra la tortura y además la labor del Mecanismos de prevención y monitoreo ya existente.
En este sentido, reiteramos la importancia del principio de debida diligencia reforzada, el cual obliga al Estado no solo a abstenerse de cometer actos de tortura, sino también a prevenir, investigar, sancionar y reparar a las víctimas de manera efectiva cualquier hecho de esta naturaleza. Por lo que el MNP-CONAPREV, recomienda fortalecer la Fiscalía Especial en Derechos Humanos a fin que se investigue de manera pronta, imparcial, exhaustiva frente a cualquier alegación o denuncia de tortura, con enfoque centrado en la víctima y con perspectiva de derechos humanos y asegurar el principio de No repetición.
Además, el MNP-CONAPREV recomienda al Poder Legislativo impulsar una ley de Reparación en apoyo a las víctimas de tortura y TCID, esto con el fin de adoptar medidas legislativas integrales.
