By Por: Marcio Enrique Sierra Mejía
La gobernanza castromelista habla mucho sobre realizar una refundación nacional, pero lo que demuestran en la realidad, son promesas que no cumplen. La transformación estructural del país, con el fin de eliminar las inapropiadas prácticas gubernativas que aumentan la desigualdad social, continúan vigentes, pero con mayor acentuación política, haciendo ver el pasado gubernativo bipartidista, menos desastroso que la actual administración gubernativa socialista refundacional. Están por finalizar su periodo gubernamental y no han hecho casi nada, para cimentar la bendita transformación estructural que necesita Honduras. Los avances tangibles no se ven sino los obstáculos que el castromelismo pone en el camino para alcanzar el desarrollo real. En vez de dar pasos efectivos hacia la modificación del sistema económico, del sistema político, de las relaciones sociales y de la estructura institucional del Estado, los castromelistas, generan acciones políticas que dañan el aparato productivo, concentran el poder en un clan político familiar, imponen reglas en la dinámica económica para que les retribuyan beneficios, intervienen y manipulan el sistema judicial y cultural de Honduras. Realmente, no quieren romper el patrón de dependencia, corrupción, clientelismo y desigualdad.
Empero, si son oportunos para instaurar una narrativa refundacional demagógica de dominación que, va más allá de la retórica burocrática del pasado. Son buenos para hablar de oligarquías conservadoras, de posturas feministas y de independencia soberana. Promueven atacar la corrupción mediante la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e impunidad, del diente al labio, porque aun no la traen y menos concretan formalmente. Se ufanan por haber derogado las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES), causando que el Estado enfrente un litigio internacional que, implica pagar miles de millones de dólares y, ahora intentan, solventar esa maniobra retorcida, atrayendo a los chinos, venezolanos, rusos y manteniendo compromisos con el FMI y el Banco Mundial, sin tener una postura estratégica para negociar con estos actores. No han logrado recuperar el control del sector eléctrico y los contratos con empresas privadas siguen vigentes. Han incrementado el déficit fiscal al ampliar los subsidios y ayudas directas a través de bonos solidarios y programas sociales, con fines políticos proselitistas, pero no aplican una política sostenible de creación de trabajos e ingresos. No han logrado una verdadera reforma productiva que efectivamente cambie la estructura económica del país. Seguimos dependiendo de las remesas, maquilas, monocultivos y cooperación externa. No hay una política industrial y menos se han dado pasos contundentes hacia la expansión del desarrollo productivo de la agricultura.
Claramente se ve que el poder se ha concentrado en un clan político leal a Manuel Zelaya y Xiomara Castro y que controlan instituciones claves como el Congreso, la Corte Suprema y el Ministerio Público, mismas que responden a la pauta política del castromelismo y menos a una visión de Estado que propicie la transformación. Politizan el proyecto de justicia tributaria en función de intereses partidarista que impiden el desarrollo tributario progresista. Asimismo, son ambivalentes respecto a la política exterior que da señales de incoherencia cortoplacista.
En fin, lo que tenemos en Honduras es una transformación estructural simbólica atrapada entre la retórica y la realidad y, siguiendo, las practicas heredadas del pasado bipartidista.
