By El lunes 9 de junio el Ministerio Público anunció que estaba ejecutando 18 allanamientos contra presuntas redes criminales que operan desde bufetes falsificando documentos notariales.
En Honduras, los sellos notariales que representan confianza se convirtieron en puertas falsas hacia el delito. Detrás de trámites aparentemente legítimos, como una autorización de salida del país o la escritura de una propiedad, el Ministerio Público detectó una red con un modus operandi: el papel activo de abogados y bufetes que falsifican documentos como si fueran armas.
La Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor (FEP-CAM), junto a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Policía Militar, realizaron una operación masiva en tres departamentos del país.
En total, fueron 18 allanamientos simultáneos en Tegucigalpa, Choluteca y Comayagua.
El corazón de la red
La investigación se originó por las denuncias formales de la Contraloría del Notariado, que desnudó una práctica sistemática: notarías operando sin la presencia de notarios, firmas colocadas en blanco y protocolos utilizados como carnada para legalizar lo ilegal.
“Estamos ante una estructura organizada que convierte oficinas jurídicas en talleres de falsificación”, indicó un fiscal bajo anonimato.
Entre los delitos identificados están:
- Autorizaciones de viaje para menores sin respaldo legal
- Emisión fraudulenta de pasaportes
- Traspasos vehiculares irregulares
- Escrituras de compraventa ficticias
- Poderes legales jamás firmados por quienes supuestamente los otorgaron
Cada uno de estos documentos, producidos bajo engaño, abría una puerta a la evasión legal, al tráfico de bienes o, incluso, a la trata de personas bajo supuestos legales.
Las autoridades allanaron bufetes donde se presume operaban redes que emitían documentos falsos con sellos notariales auténticos.
Choluteca: el epicentro de los fraudes
De los 18 allanamientos, 14 ocurrieron en Choluteca, lo que revela que esta ciudad al sur del país se convirtió en un nodo clave para estas operaciones.
En locales que simulaban servicios jurídicos respetables, la ATIC encontró documentos falsificados, computadoras con archivos manipulados y protocolos notariales en blanco.
En algunos casos, las notarías operaron con asistentes sin autorización, usando sellos originales para validar fraudes.
Una batalla por la legalidad
Esta investigación de la red, es apenas el inicio, según las autoridades. El Ministerio Público ya tiene mapeados otros bufetes y oficinas que podrían estar implicados en redes similares en La Paz, El Paraíso y Cortés.
El reto ahora es mayor: depurar el sistema notarial, revisar trámites anteriores, y proteger a quienes son víctimas de estos fraudes.
Entre ellos están: migrantes, adultos mayores o familias humildes que vendieron propiedades sin saber que sus firmas fueron suplantadas.
“Neutralizar estas redes es urgente. No solo por los delitos cometidos, sino porque erosionan la confianza en una de las instituciones más sensibles del sistema legal”, afirmó un investigador de la ATIC.
Bufetes generan corrupción vestida de legalidad
En Honduras, donde muchas veces la ley se usa como herramienta para encubrir abusos, esta operación deja una enseñanza clave: la corrupción también firma papeles, también usa sellos, también viste toga.
Y cuando quienes deben proteger los derechos los comercian, no basta con denunciar. Hay que desmantelar cada engranaje de estas estructuras para que la justicia vuelva a tener peso.
Lo que se juega no es solo la legalidad de un trámite: es la integridad del país.
