Por: Ángela Marieta Sosa
Seguramente están pensando, pero el mes del periodista ya pasó, y como mal se acostumbra en nuestro país, las noticias son como dicen tierra adentro, “llamarada de tuza” y después de tres días, dicen otros ya no pega el escándalo; pero en esta ocasión quisiera que la conciencia de la exposición y amenaza hacia el gremio periodístico sobreviva al tiempo y las campañas políticas, y se mantenga vigente.
El contexto para los periodistas en Honduras es alarmante y representa una de las situaciones más peligrosas para el ejercicio del periodismo en América Latina, datos recientes apuntan al deterioro de la libertad de prensa, evidente desde el período comprendido entre el 2001 y 2024, en donde más de 100 periodistas y comunicadores han sido asesinados en Honduras, y el 90% de estos crímenes permanecen impunes, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH). Este clima de violencia ha llevado a que muchos periodistas opten por la autocensura como mecanismo de supervivencia o salir de Honduras a vivir en el extranjero.
Entre 2016 y 2024, el CONADEH atendió 133 quejas de periodistas y comunicadores sociales que estuvieron en riesgo o fueron víctimas de desplazamiento forzado. El 75% de estas quejas fueron por amenazas, y el 50% de los casos se registraron entre 2022 y 2024.
En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2025 de Reporteros Sin Fronteras, Honduras ocupa el puesto 142 de 180 países, siendo el segundo más vulnerable en Centroamérica, solo después de Nicaragua.
Organizaciones como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH han instado al Estado hondureño a garantizar la seguridad de los periodistas y a proteger la libertad de expresión como pilar esencial de la democracia.
Este panorama evidencia la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para los periodistas en Honduras y de promover un entorno seguro y libre para el ejercicio del periodismo.
La libertad de prensa se violenta cuando se restringe, intimida o silencia el trabajo de periodistas y medios de comunicación. Estas violaciones pueden ser directas o indirectas, y muchas veces están relacionadas con intereses políticos, económicos o del crimen organizado. En el contexto hondureño (y en muchos países de la región), esto se manifiesta de muchas formas: por ejemplo, periodistas agredidos, secuestrados o asesinados por cubrir temas sensibles como corrupción, narcotráfico, abusos policiales, conflictos territoriales o violaciones de derechos humanos.
Asimismo se abren procesos penales o se presentan demandas por difamación, calumnia o injuria contra periodistas que investigan al poder político o empresarial, estas acciones buscan amedrentar y silenciar la labor periodística mediante el temor a represalias legales.
La censura puede ser impuesta por el Estado o incluso por los propios medios, presionados por intereses económicos o políticos, lo cual ha condicionado el cierre de algunos noticieros de opinión, ya que el Estado retira o condiciona la pauta publicitaria oficial a cambio de una línea editorial favorable, los medios que denuncian al gobierno o al crimen organizado son marginados financieramente, forzándolos al cierre o debilitándolos.
También se desacredita públicamente a periodistas críticos, a veces desde cuentas oficiales del Estado o mediante campañas organizadas en redes sociales, las mujeres periodistas enfrentan violencia digital con componentes sexuales y de género, lo que agrava el impacto.
Ante esta lamentable situación, en la que se violentan el derecho a la seguridad personal, a la integridad física y a la libertad de prensa, el Estado no responde de forma adecuada, ya que su capacidad de respuesta está sesgada, lo cual crea un clima de impunidad y muchos periodistas son desplazados internamente o forzados al exilio, quedando sin apoyo institucional ni garantías de retorno seguro.
Estas violaciones a derechos humanos, no solo afectan a los periodistas como individuos, sino que empobrecen la democracia ya que una ciudadanía sin acceso a información crítica, veraz y pluralista pierde su capacidad de ejercer derechos y exigir rendición de cuentas: y si el actual partido de gobierno continúa en el poder, se avizoran tiempos más difíciles para un gremio toral en el funcionamiento eficiente de la Democracia, convirtiéndose el actual gobierno en “sicarios de la verdad y la democracia”.