By El padre de V.M.L., una niña de dos años nacida en Luisiana y ciudadana estadounidense, tomó la decisión de no seguir con la demanda en los tribunales contra el gobierno de Estados Unidos tras su deportación a Honduras.
La pequeña fue expulsada del país junto a su madre y su hermana mayor, a pesar de que los abogados del padre advirtieron que era ciudadana estadounidense.
Hoy, en medio del trauma, el padre prioriza el bienestar emocional de su familia por encima de la batalla legal.
El caso
El 25 de abril de 2025, un avión despegó de Alexandria, Luisiana, rumbo a Honduras. A bordo viajó Jenny Carolina López Villela y sus dos hijas: una de once años, y otra de apenas dos, identificada como V.M.L.
Aunque esta última era ciudadana estadounidense, nacida en Luisiana, el gobierno la deportó junto a su madre sin permitir que se resolviera su situación legal.
Para su padre, fue una herida abierta que ni la justicia pudo remediar. Pocas horas después del vuelo, el juez federal Terry Doughty firmó una orden en la que afirmó lo que ya era demasiado tarde para evitar:
Deportar a una ciudadana estadounidense es “ilegal e inconstitucional”. Sin embargo, la niña ya estaba fuera del país.
El proceso que no se respetó
Todo comenzó el 22 de abril, cuando Jenny y sus hijas acudieron a una cita de rutina en las oficinas de ICE en Nueva Orleans.
Ahí fueron detenidas. Aunque la madre y la hija mayor tenían órdenes de deportación, los abogados del padre alertaron de inmediato a las autoridades: la menor, V.M.L., era ciudadana estadounidense.
Los abogados presentaron una denuncia formal al día siguiente en los tribunales. Insistieron en que se entregara la custodia de la niña a su tutora legal en Estados Unidos, pero ICE ignoró los pedidos.
La madre, según argumentaron los funcionarios federales, decidió llevarse a su hija consigo, aunque eso significara su deportación a Honduras.
El trauma, más fuerte que la ley
La abogada Sirine Shebaya, directora ejecutiva del Proyecto Nacional de Inmigración, fue clara: el padre vivió un infierno al ver cómo su hija era sacada del país.
El 24 de abril presentaron la demanda ante los tribunales del Distrito Oeste de Luisiana, pero pese a ello el ICE ejecutó la deportación al día siguiente.
El dolor, la frustración y el miedo no desaparecieron con las palabras del juez. Por eso, cuando el tribunal citó a una audiencia para el 16 de mayo, el padre tomó la decisión: no seguir la batalla legal.
“Las experiencias traumáticas que vivieron las familias son profundas”, dijo Shebaya. “Dan un paso atrás para conversar sobre sus opciones, la seguridad y el bienestar de sus hijos, y las mejores formas de reparar el daño”.
Hoy, la niña vive en Honduras, lejos del país que legalmente le pertenece. Su padre, roto por dentro, busca la manera de que algún día pueda volver y vivir sin miedo.
