¡Atención! Honduras pierde L2,900 millones por demandas judiciales

Alejandro (nombre anónimo por petición del entrevistado) fue despedido de la Secretaría de Educación en 2018 tras laborar cinco años por contrato.

“Tenía 55 años cuando me despidieron injustificadamente, en el momento que me destituyen ya tenía seis meses sin percibir sueldo y en este país es difícil encontrar un trabajo porque la edad lo limita a uno”, explicó con un ceño de preocupación.

Él sabía que sus condiciones se prestaban para entablar una demanda laboral contra la institución. En 2022, Alejandro ganó finalmente el caso y, además del pago de su indemnización y salarios caídos, fue reintegrado a la secretaría. Su retorno fue rápido, pero los desafíos salariales aún no estaban del todo resueltos.

Historias como la de Alejandro se repiten cada año. En 2024, el Estado se vio obligado a pagar más de 2,900 millones de lempiras por demandas, la mayoría por procesos laborales o administrativos asociados a despidos injustificados y pago de prestaciones.

Lo anterior representa una cifra récord del asunto, según un análisis elaborado por la Unidad de Datos de LA PRENSA Premium a partir de informes de entre 2020 y lo que va de 2025.

Las demandas laborales representan el 96% de los procesos judiciales totales activos contra el Estado, según informes de la Secretaría de Finanzas.

Históricamente, las instituciones públicas de Honduras han cargado con el peso de pagar onerosas cantidades por demandas en materia laboral, es decir, casos de despidos injustificados, pago de prestaciones y nivelación salarial.

Sin embargo, en los últimos años el problema se ha agudizado, indican los números analizados por este medio.

En 2020, el Estado desembolsó por gastos judiciales 1,339 millones de lempiras, pero la cifra se elevó a L2,318 millones en 2021 (un incremento del 73%).

Para 2022 casi se mantuvo, con un pago de L2,348 millones. Sorprendentemente, en 2023 se redujo en casi 31%, pues solo se cancelaron 1,621 millones.

Sin embargo, en 2024 hubo un incremento del 80%, con un pago de L2,920 millones, la cifra más alta de la historia.

De enero a abril de 2025 ya se han cancelado casi 104 millones de lempiras.

Los datos provienen de los informes de ejecución presupuestaria anuales de la Secretaría de Finanzas, a partir del objeto de gasto 27500, correspondiente a gastos judiciales.

En consonancia con los datos anteriores, la cantidad de procesos judiciales también van al alza. En 2020 se contabilizaron unas 3,700 demandas, cifra que se elevó a 5,165 en 2021, indican los registros conseguido a través de la solicitud de información SOL-SEFIN-30392025.

Para 2022 también un hubo un aumento no tan drástico, con 6,521 procesos, pero en 2023 se registró un enorme crecimiento, con casi 11,000 reportes.

Al tercer trimestre de 2024, la cantidad de procesos ascendía a casi 13,300.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) es la institución más golpeada por las demandas. En 2024, la estatal encabezó la lista de entidades públicas que más pagaron por demandas, al desembolsar 560 millones de lempiras en pagos judiciales.

Además, entre enero y septiembre de ese año, se contabilizaban 2,276 procesos activos en su contra.

Las demandas laborales representan el 100% de los procesos judiciales presentados contra la institución, sobresaliendo las exigencias por reintegro y nivelación salarial, según los datos obtenidos por este rotativo.

Ante esto, el secretario de Energía y gerente de la Enee, Erick Tejada, explicó a medios de comunicación que las demandas laborales incoadas contra la estatal ‘’son un negocio redondo para representantes legales y bufetes de abogados‘’.

Demandar a la Enee es ‘’dinero fácil’’ para muchos bufetes de abogados y empleados, criticó.

La Secretaría de Salud (Sesal) es otra institución afectada, pues desembolsó 627 millones el año pasado en procesos judiciales y hasta el tercer trimestre tenía 1,396 demandas activas.

Igual situación enfrenta el Instituto de la Propiedad, que pagó 247 millones y hasta septiembre del año pasado registraba 498 casos.

Según el director de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Juan Aguilar, el aumento de procesos judiciales es común en los cambios de gobierno y la forma de administración actual.

“Sin lugar a dudas, sucede porque no hay armonía y estabilidad a nivel institucional, sobre todo cuando hay cambios de gobierno que alteran enormemente las cosas y en gran medida se debe a las insistencias que muchas veces han tenido los funcionarios públicos en cómo manejar los asuntos del Estado’’, afirmó.

El experto en transparencia aseguró que el constante aumento de estos asuntos legales no solo repercute en la economía del país, también en las intenciones de inversión por parte de otros países.

“Ahuyenta la inversión extranjera, inversión que se hace de una buena manera, y que puede cambiar las reglas del juego de un día para otro, porque Honduras no es un país con reglas claras, donde se respetan los procedimientos de lo que establece la regla’’.

German Leitzelar, abogado especializado en materia laboral, aseveró que el problema de las demandas laborales se debe a que los funcionarios y políticos han visto las instituciones públicas como un botín: “Cada cuatro años no importa expedir o cancelar ilegalmente a las personas, lo que lleva a la acumulación y el impacto en el Poder Judicial’’.

Estos procesos judiciales no solo representan egresos millonarios para el país, también para el buen rendimiento del sector público.

‘’Cuando la mayoría de las sentencias son condenatorias implican restitución de personas, significa elevar el número de personas en el servicio público, incluso para un mismo puesto, porque nunca un juicio termina en menos de tres años’’, explicó el abogado.

Así fue el caso de Alejandro, cuya sentencia implicó la restitución a su antiguo puesto. Sin embargo, actualmente acumula 16 meses sin salario, un hecho que, quizás a futuro, vuelva a terminar en una visita a los tribunales.

“No he recibido ni un sueldo porque no tengo un acuerdo establecido y por eso no me pueden pagar. Cumplieron una parte, que se me hiciera un reintegro, mi toma de posesión y se me dieran mis funciones, pero olvidaron la parte salarial y sólo son vueltas por aquí, vueltas por allá”, lamentó el hombre.

De su indemnización, en tanto, sobrevive y paga impuestos, vivienda y transporte. “En este momento yo le estoy pagando al Estado por trabajar y tener empleo“.